El abogado Federico Rauch calificó ayer como "una tomadura de pelo a los vecinos de Ushuaia" las imputaciones realizadas por el Municipio a los ex funcionarios José Lorenzo y Marcela Fontenla, en el marco de la polémica por la desadjudicación de tierras fiscales a las empresas Sulfaniquel y Rectificadores Fueguinos.

Rauch asumió la representación legal de Lorenzo y Fontenla, quienes ayer brindaron una conferencia de prensa para ratificar que en los expedientes cuestionados, actuaron siguiendo directivas del intendente Federico Sciurano.

La gestión del jefe comunal despidió a ambos funcionarios y los denunció penalmente al interpretar que habían propiciado la firma de un acuerdo con el empresario Carlos Raso, en contra de la voluntad declarada de la Municipalidad de desadjudicar los predios.

A raíz de ello comenzó una causa judicial en la que tanto Lorenzo como Fontenla presentaron una declaración espontánea y donde serán indagados el 2 y 3 de junio por la jueza María Cristina Barrionuevo.

Según Rauch, "Sciurano vive de la política desde hace 11 años. Fue concejal dos veces y convencional constituyente. Y ahora viene a decir que no sabe lo que firma en una escritura pública. Es absurdo", explicó.

El letrado también tildó de "barrabasada jurídica" el intento de derogación de esa misma escritura pública. "Las escrituras sólo pueden ser anuladas mediante un trámite judicial. Con ese criterio el intendente podría derogar cualquier escritura a nombre de un vecino sin más trámite", indicó.

"Además de actuar por orden expresa del intendente en el caso del escribano, y a través de un funcionario del gabinete, en el caso de la abogada Fontenla, lo hicieron dentro del marco de la ley", detalló Rauch. Y agregó que "lo actuado en el expediente de Rectificadores Fueguinos y en otra decena de casos, muestra un patrón de conducta idéntico. En primer lugar se derogó por decreto el contrato de compra venta de tierras fiscales suscrito por autoridades del ex Territorio. El segundo paso fue tomar posesión de los predios con intervención de la fuerza pública. En tercer lugar, y dentro de los plazos legales que tenían los propietarios afectados de acudir a la Justicia, se negoció con ellos y se llegó a acuerdos que implicaban retrotraer total o parcialmente la situación".

Según Rauch, "en el caso del predio de Rectificadores Fueguinos, la negociación incluyó la utilización de una parte del terreno para montar el Centro Cultural Esther Fadul, mientras que el empresario se quedaría con la posesión y el uso de la planta baja de la mejora realizada, en tanto que si su cumplían determinadas condiciones, en cuatro años el Estado municipal iba a aceptar el pedido de título de las tierras".

En la conferencia de prensa brindada ayer, Fontenla denunció además que estaría siendo víctima de una persecución laboral, ya que continúa desempeñándose como empleada en el ámbito municipal, mientras que se deslizó el posible inicio de querellas contra el Intendente y los funcionarios que hicieron declaraciones vinculadas con el caso bajo análisis.