violando ordenanzas que estipulan la preservación de patrimonio cultural y mostraron su nerviosismo negándose a brindar entrevistas, ya que primero “se debía pedir autorización para mantener un encuentro con ellos”.

Que la ciudad crezca es una atribución innegable de toda población, pero el crecimiento debe estar regulado por las normas sociales de fondo, estipuladas por leyes y ordenanzas que deben ser respetadas y cumplidas. Tal es el caso de la Capital catamarqueña, que durante los últimos años se ha mostrado como una ciudad pujante. Hasta aquí todo parece normal, pero resulta curioso caminar por la primera cuadra de la peatonal y notar que las fachadas de las antiguas casonas están siendo demolidas por una picota con el suficiente poder como para violar flagrantemente ordenanzas municipales, que establecen “la Protección del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico” contemplados en la Ordenanza 2588/93: que establece “la Preservación del patrimonio turístico, cultural, histórico y arquitectónico de la ciudad Capital” o la Ordenanza 1453/86: que desde el año 1986 establece “la delimitación de las áreas de preservación del patrimonio natural y cultural”; entre otras legislaciones afines vigentes que norman diferentes acciones tendientes a preservar el “paisaje” arquitectónico de las antiguas e históricas fachadas de inmuebles de la ciudad.

Tal es así que, resulta sorprendente notar que en el transcurso de un fin de semana largo, como lo fue el del 1 de mayo, un local comercial dedicado a la venta de medicamentos perteneciente a la red de negocios de la familia del intendente de la capital, fue desmontado y desmantelado en cuestión de horas para ser reubicado en otro espacio, de la vereda del frente, siendo, el antiguo local, demolido en el lapso de 72 horas, sin dejar rastros si quiera de sus escombros de la antigua fachada de esa farmacia. Una de las pocas que quedan en la tradicional peatonal Rivadavia.

Obreros que prestan servicio en la obra fueron consultados por LA ISLA FM y ElDiariodeCatamarca.com, sobre el destino del hoy espacio vacío y a cielo abierto, que ocupa un área central en la primera cuadra de la peatonal, solo atinaron a contestar que “en el lugar se construyen locales comerciales”. También, y en el marco de la investigación realizada se pudo conocer que el sitio en construcción pertenecería a la familia de quien hoy ocupa la “poltrona mayor ” de la Municipalidad de la Capital, nada más y nada menos que la familia Jalil, antes ya mencionada.

Durante la emisión del programa matinal “En la mira”, conducido por el periodista José Alsina Alcobert y transmitido por LA ISLA FM 109.7, nuestro medio de comunicación buscó infructuosamente la explicación de funcionarios de turno, que se supone deberían velar por el cumplimiento de las normas. Tal es así que la administradora de Patrimonio Arquitectónico, Mariana Varela, evadió contestar sobre la gestión aludiendo a que “se encontraba en una reunión” y que no podía acceder a nuestra requisitoria, pero sí pudo contestar nuestra llamada telefónica. De igual manera sucedió con el encargado de la Administración de Desarrollo Urbano, Arq. Nicolás Kriscaustzky, que de manera muy descortés, desestimó nuestro pedido de entrevista, aludiendo a viva voz y al aire durante el programa radial, que “para entrevistarlo primero se debía pedir autorización a los encargados de prensa municipal: Carlos Cisneros o Pía Cabral”, mencionó, mostrando así un nerviosismo evidente, entre llamadas telefónicas que atendía desde la Secretaría de Comunicación y Prensa.

La información: un derecho

Esta vergonzosa actitud de un funcionario público que debe pedir permiso a sus “superiores” para ser entrevistado, hablar o pensar ,y que debe rendir cuentas a los votantes sobre su gestión y trabajo, fue duramente cuestionada por el periodista Alsina Alcobert, quien señaló, que “ni siquiera durante el gobierno de facto los funcionarios de tenían que pedir permiso para hablar, tampoco así los periodistas catamarqueños debían pedir autorización para entrevistarlos, ya que no se debe olvidar que En el ámbito del Poder Ejecutivo nacional existe el decreto 1172, que establece el acceso a la información pública, por el que todos los ciudadanos tienen derecho a saber cómo los funcionarios manejan los asuntos públicos, qué decisiones toman, qué destino le dan al dinero del Estado o qué hacen o dejan de hacer”, fustigó Alsina Alcobert.

Este derecho de acceso a la información pública es reconocido internacionalmente como un derecho humano y, en la Argentina, tiene jerarquía constitucional. Sin embargo, son pocos los que lo conocen y muchos menos todavía los que lo ejercen a través de pedidos concretos de información. El mencionado decreto fue firmado durante el ejercicio de gobierno del presidente Néstor Kirchner en 2003, e impulsado por la Oficina Anticorrupción.

Es evidente que, tanto funcionarios como ciudadanos, deben trabajar en afianzar una cultura alrededor de este derecho, ya que se trata de una herramienta apta para conocer la gestión pública, que en esta ocasión está tratando de ser respetada desde LA ISLA FM y ElDiariodeCatamarca.com, para el beneficio de todos los catamarqueños.