En ese momento, la jueza de la Familia y el Menor, María Cristina Baladrón (hoy jubilada), y el secretario de Derechos Humanos, Rubén Funes, recibieron la misma denuncia que este diario, pero no hicieron nada hasta que la información fue publicada.

Entre los hechos relatados figuraba que un niño fue "brutalmente golpeado" por operados del Ipesa, que les dejaron las marcas de los borceguíes en el pecho; la violencia ejercida contra otro menor a pesar de que estaba esposado; un abuso en el Hogar de Menores; y hasta adolescentes con síndromes de abstinencia que fueron encerrados en espacios muy reducidos, donde debían bañarse y hacer sus necesidades. Los denunciantes apuntaron a la "irresponsabilidad de los directivos" del Ipesa y de los Hogares de Menores y al desinterés del Ministerio de Bienestar Social.

Cambios en el MBS.

En su momento, Echeveste, al declarar en la justicia, dijo que se trató de "un problema laboral" y no de un conflicto institucional, y ni ella ni San Miguel reconocieron lo que estaba pasando en ambos institutos.

La jueza que instruyó la causa, Laura Armagno, al dictar los procesamientos contra los ex funcionarios del gobernador Oscar Mario Jorge sostuvo que, prima facie, estaba comprobado que en el Ipesa al menos un chico había sido abusado sexualmente y que en el Hogar de Mujeres había adolescentes que consumían alcohol y drogas. Además, en el expediente, se constataron presuntos maltratos de algunos operados hacia los jóvenes.

La única vez que Echeveste habló públicamente del tema, manifestó que pidió que se tomaran medidas, pero que el subsecretario de Políticas Sociales, Pedro Freindenberger, no dio respuestas. Aunque con otro cargo, subsecretario de Desarrollo y Familia, Freidenberger sigue teniendo hoy bajo su órbita el área de Niñez y Adolescencia. San Miguel, en cambio, nunca dijo una palabra. El funcionario jorgista dejó entrever en aquel momento alguna intencionalidad detrás de la denuncia y afirmó que las condiciones de alojamiento de los menores eran "muy buenas".

En un primer momento, Echeveste y San Miguel no quisieron irse y la ministra de Bienestar Social, María Cristina Regazzoli, los mantuvo en sus cargos. Pero al final la que se tuvo que ir fue ella -la explicación oficial fue que tenía que asumir como diputada nacional, aunque todavía faltaban dos meses- y su reemplazante, Gustavo Fernández Mendía, obligó a los imputados a presentar las renuncias.

El incumplimiento es una figura penal que se reprime con entre un mes y dos años de prisión, e inhabilitación especial por el doble de tiempo, y se aplica al funcionario público que "dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".