"No sé qué pasaría con mi propio sueldo, porque me fijé un tope de $ 9.000 hace cuatro años. No creo que la gente se irrite con este tema; lo hace cuando los políticos no le dan soluciones". La frase que soltó el martes 4 el gobernador, José Alperovich, alimenta las expectativas de los funcionarios del Poder Ejecutivo. Especialmente, a partir de los aumentos salariales que obtuvieron los concejales de la capital y los propios legisladores.

Tal como lo publicó LA GACETA el jueves y ayer, tanto el intendente, Domingo Amaya, como el presidente Subrogante de la Cámara, Regino Amado, dispusieron un incremento en los haberes de los 18 ediles y de los 49 parlamentarios, respectivamente. En el caso de los representantes vecinales, la suba fue más modesta: $ 133,27 (0,5%) para cada uno. En tanto, para los legisladores el aumento fue más significativo: $ 2.790 (56%, la dieta bruta pasó de $ 5.000 a $ 7.790).

No obstante, el Poder Ejecutivo aún debe atender el planteo de los concejales del interior, ya que en 12 administraciones rige el tope salarial de $ 2.500 para los ediles. El propio ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, adelantó ayer que se flexibilizará ese techo en la misma proporción que el incremento dado a los empleados del Estado (alrededor de un 19%). Pero esa medida será tomada por el gobernador, a su regreso de Francia.

Precisamente, la vuelta de Alperovich, prevista para el miércoles, también es aguardada con ansias por los funcionarios del Poder Ejecutivo. Algunos ministros y secretarios reconocieron ayer que esperan recibir el mismo tratamiento que los legisladores, teniendo en cuenta que sus haberes se encuentran congelados desde enero de 2006. Como se recordará, durante ese año el mandatario elevó de $ 6.000 a $ 9.000 el tope máximo de la remuneración neta mensual que por todo concepto recibiría el gobernador de la provincia. El decreto acuerdo 4/3, además, determinó que ninguna autoridad superior del PE -ministros, secretarios y subsecretarios de Estado- podría recibir ingresos netos superiores a los $ 9.000. "Entendemos que ese tope se revisará", confió una fuente de la Casa de Gobierno.