Un funcionario tucumano está sentado en el banquillo de los acusados en el juicio más trascendente por delitos de lesa humanidad cometidos en la vecina provincia de Salta durante la última dictadura militar. Se trata de Fernando Antonio Chain, quien se desempeña como titular de la Subsecretaría de Control de Gestión del Ministerio de Seguridad Ciudadana de Tucumán.

La noticia ayer convulsionó las redes sociales y podría significarle un dolor de cabeza al gobernador José Alperovich, quien anteriormente ya había sido "retado" por el kirchnerismo debido a la permanencia en su gabinete de personas vinculadas a la dictadura, como el caso de Francisco Sassi Colombres. En el caso de Chain, está siendo juzgado desde ayer en la causa caratulada "Guill, Joaquín, y Alzugaray, Juan Carlos, sobre privación ilegítima de la libertad como funcionarios públicos y aplicación de tormentos en concurso real con el homicidio calificado por alevosía, como autor mediato y partícipe primario en perjuicio de Eduardo Fronda". En total son 20 los procesados que deberán responder por estas causas que involucran a 19 víctimas, entre las que se cuenta a las docentes universitarias Silvia Aramayo y Gemma Fernández Arcieri, además de los estudiantes de Abogacía Víctor Brizzi y de Economía Carlos Estanislao Roja, y del periodista Luciano Jaime, entre otros. Junto a Joaquín Guil y a Juan Carlos Alzugaray, en el banquillo de los acusados estarán, además de Chain, Héctor Ríos Ereñú, ex jefe del Ejército durante la gestión de Alfonsín; el ex jefe de la Guarnición Ejército Salta, Carlos Alberto Mulhall, y el ex jefe de Policía de la Provincia, Miguel Raúl Gentil.