El ex funcionario dijo que los fiscales son "amigos" de Krapp

El ex titular de Turismo, Edgardo Ávalos, dejó entrever que la investigación por el otorgamiento de créditos FONDETUR solo avanzaría en torno a los empréstitos entregados durante su gestión por poco más de un año. Y que no habrían indicios de que se estén revisando también los créditos entregadas por la ex secretaria de Turismo Catalina Krapp, quien fue su predecesora por 7 años.
En horas del mediodía del sábado 31, a horas del año nuevo, Ávalos ingresó esposado y custodiado por personal policial para prestar declaración indagatoria ante el fiscal Marcelo Sago.

Notablemente molesto y cabizbajo a la vez, Ávalos consideró que su antecesora también debería dar explicaciones por los FONDETUR, pero señaló que esta situación no se daría por una cuestión de “amistad” entre Krapp y los funcionarios judiciales.

“Los fiscales (por Marcelo Sago y Juan Pablo Morales) son amigos de ella (por Krapp)”, disparó Ávalos segundos antes de prestar indagatoria.

En dialogo exclusivo con El Ancasti, Ávalos también dijo lo siguiente:

-¿Insiste en que su situación se enmarca en una persecución política?

-Usted lo ha dicho

-¿Por qué lo detuvieron?

- Ahora me imputan cohecho

-¿Se encontraba prófugo de la Justicia?

-Nunca. Estuve en el banco a las 8 de la mañana, lo saludé al juez (Antonio) Carma. Estuve con un montón de gente durante todo el día. Vine por acá (Fiscalía), y no estaba el tipo que me llama ahora.

Restricciones

El fiscal Marcelo Sago, tras fijar una caución real por $75 mil a Ávalos, también determinó restricciones al ex funcionario. En principio, deberá presentarse todos los viernes en Fiscalía entre las 8 y las 12.

A su vez, en el caso de que pretenda salir de la provincia, el ex funcionario debe informar el destino y notificar su llegada y presencia en el lugar a las autoridades competentes.

Por otra parte, el fiscal solicitó al juez de Control de Garantías, José Antonio Carma, que fije un embargo preventivo sobre los bienes de Avalos de 250 mil pesos. Es la garantía por el daño económico que habría causado el imputado al Estado.

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