La asesora letrada Estela Aragón comentó que se rechazó la intimación de San Luis Agua porque la inspección fue solamente visual, ya que el denunciante, Mario Rovella, titular de Protambo SA, encargó a una empresa los análisis químicos del agua pero todavía no se conocen los resultados. “En esas condiciones precarias y sin ningún sustento, el Gobierno cursa la intimación”, expresó la abogada.

“Todos saben cuál es la condición actual de la Planta de Tratamiento de Afluentes Cloacales. Cualquiera que transite cerca puede darse cuenta que no está funcionando como correspondería y esto podría haber tenido una solución si el Gobierno hubiese cumplido con un compromiso oportunamente asumido”, manifestó Aragón.

La abogada dio a conocer un convenio firmado entre el Gobierno y la Municipalidad durante la gestión de Alicia Lemme en junio de 2008, el cual fue ratificado mediante ordenanza del Concejo Deliberante. Una de las obras del convenio es la construcción de una nueva Planta de Tratamiento de Afluentes Cloacales a cargo del Gobierno que no se cumplió hasta el momento. A partir de ello, se remitirá el expediente municipal al Ministerio de Obras Públicas para que se comience con la obra.