Funam denunciará a Mestre y funcionarios por el ex Batallón 141

Funam denunciará a Mestre y funcionarios por el ex Batallón 141
Consideran que el acuerdo con Eurnekian es “ilegal”.
La Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) denunció que el convenio suscrito entre la Municipalidad y el grupo Eurnekián «es ilegal» y afirmó que además «le roba a la ciudad de Córdoba la única posibilidad que tenía de ampliar el espacio verde del Parque Sarmiento».

FUNAM indicó que el convenio, cuyos pliegos para permitir la construcción en el ex Batallón 141 ya tiene despacho de comisión, fue firmado «violando la Ordenanza 12.077 sobre Convenios Urbanísticos, cuyo Artículo 8° exige considerar su impacto socio ambiental».

Dice el Artículo 8° de la ordenanza 12.077: «La Autoridad de Aplicación deberá tener especialmente en consideración el impacto socio ambiental de la intervención propuesta, conforme a la normativa en la materia, tanto de orden Municipal, Provincial y Nacional».

El biólogo Raúl Montenegro indicó que la Dirección de Impacto Ambiental de la Municipalidad de Córdoba «no realizó ningún estudio del impacto socio ambiental que tendría ese convenio» y que el acuerdo se firmó «a las apuradas, violando normativa vigente y con total falta de respeto por los cordobeses, que necesitan con urgencia un parque urbano en el centro mismo de la ciudad». FUNAM formalizará en los próximos días una denuncia penal contra el Intendente de la ciudad, Ramón Mestre, y otros funcionarios municipales.

Montenegro volvió a destacar que en la ciudad de Córdoba «no hay planeamiento urbano sino planeamiento corporativo. Los dueños del destino de la ciudad están afuera de la Municipalidad. Si el Concejo deliberante cambia definitivamente el status de reserva verde que tienen las 22,3 hectáreas del convenio, habrá menos parque, menos superficie para absorber el agua de lluvia, más inundaciones ante precipitaciones breves e intensas, más calor, más concentración poblacional y mayor sobrecarga de colectoras cloacales ya colapsadas. Esto explica porqué que las actuales autoridades municipales no hicieron un estudio de impacto socio ambiental, sabían que sus resultados le dirían no al convenio».

Además, Montenegro indicó que de las 22,3 hectáreas vendidas originalmente por la provincia al grupo Eurnekián «el convenio prevé que solamente se dedicarán a espacio verde 3,34 hectáreas. Está claro que para la Municipalidad de Córdoba los negocios de las corporaciones son más importantes que el bienestar ambiental y el cumplimiento de las normas». Recordó además que un estudio de la Universidad de Córdoba del que participó entre otros la bióloga Cecilia Estrabou «recomendó enfáticamente que las tierras del ex Batallón 141 se dedicaran a espacio verde».

En el año 2007, cuando el Estado Provincial puso en venta los predios del ex Batallón 141, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) elaboraron un informe sobre las consecuencias ambientales y sociales que tendría la privatización del uso, y solicitaron que no se enajenara. El 20 de noviembre de 2007 –una semana antes que por ordenanza se impidieran edificaciones en esas tierras- el informe fue apoyado unánimemente por el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba mediante Resolución 693/07.

“Con enfermiza frecuencia los funcionarios públicos consideran que sus decisiones sobre obras y cuestiones públicas (que por Ley deben tener autorizaciones y consultas) pueden tomarse sin necesidad de cumplir tales normas en los tiempos y formas que la ley manda. Imponen así sus tiempos y formas en forma antojadiza, aunque ello suponga una clara violación de normativa vigente. Una vez consumadas estas violaciones, como ha ocurrido con el convenio del Batallón 141, las autoridades municipales justifican su accionar en supuestos motivos de urgencia o apuro, cuando en realidad se trata de arbitrariedades manifiestas que podrían haber sido obviadas con un ejercicio responsable de la función pública. Ganan así las corporaciones y ‘pierde’ la sociedad”, sostuvo Montenegro. FUNAM indicó que el intendente Ramón Mestre “podría pasar a la historia, junto a José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, como responsables de la mutilación definitiva del Parque Sarmiento”.

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