La fuga de un presunto asesino de su domicilio particular de Puerto Madryn disparó nuevamente la polémica sobre las decisiones judiciales en relación a las detenciones de los victimarios de hechos delictivos y las argumentaciones por las cuales se dictaminan prisiones preventivas en los domicilios de los imputados y no en unidades carcelarias.

Es que en la jornada de ayer, el presunto homicida del joven Fabián Bregonzi se fugó de su domicilio, donde se encontraba con arresto domiciliario a pesar de la oposición de la fiscalía de Puerto Madryn. La policía se encuentra abocada a su búsqueda del individuo en cuestión.

Sandro Álvarez, imputado por el crimen de Fabían Bregonzi, ocurrido en el 2003 en Playa Paraná de Puerto Madryn, se fugó de su domicilio. Hay pruebas de ADN, huellas digitales y una pericia balística que lo comprometen. A pesar de la oposición de la fiscalía, estaba bajo arresto domiciliario por un certificado del Cuerpo Médico Forense.

La fuga se descubrió ayer domingo a las 12.30 horas del mediodía, cuando personal policial de la Comisaría Segunda de aquella ciudad portuaria se prestó a realizar el rondín de control por el domicilio del imputado y descubrió que no se encontraba en el mismo.

Álvarez se encontraba en prisión domiciliaria a pesar de la oposición de la fiscalía madrynense, conducida por el doctor Daniel Báez.

Sandro Álvarez, en un primer momento alojado en la Alcaldía policial, se encontraba con arresto domiciliario por disposición del juez Gustavo Castro a raíz de un certificado del médico otorgado por el Cuerpo Médico Forense.

Álvarez esgrimió que poseía una lesión de disparo de arma de fuego que no le permitía sentarse en las letrinas de la Alcaidía y que tampoco había barras agarraderas en las duchas, por lo que se le imposibilitaba bañarse. Por no contar con medios para higienizarse ni inodoro, el Cuerpo Médico Forense dispuso la conveniencia de la prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria, lo cual fue ordenado por el juez Gustavo Castro.

Hay que destacar que desde el Ministerio Público Fiscal habían prestado oposición a que se brinde dicho beneficio al imputado. Los argumentos de los fiscales fueron que cuando detuvieron a Sandro Álvarez tenía una lesión en el pie que se la había producido por andar en moto. Entonces, la lógica era que si podría andar en moto, bien podría estar en la Alcaidía y de esta forma solicitaban que se deniegue dicho beneficio.

El crimen por el cual está imputado Sandro Álvarez ocurrió la medianoche del 15 de diciembre de 2003 en la zona costera de Playa Paraná. La víctima, Fabián Bregonzi, que se encontraba en compañía de su novia a bordo de su vehículo, fue abordado por al menos cuatro sujetos, encapuchados y con armas, que comenzaron a romper los vidrios del automóvil mientras otros disparaban con armas de fuego, provocándole la muerte. A su novia, única testigo del hecho, la maniataron con precintos y le robaron la cartera. A Bregonzi también intentaron maniatarlo, pero se resistió. Algunos precintos quedaron en la escena del crimen.

La fiscalía reabrió el caso meses atrás y las pruebas se volvieron a analizar con las nuevas tecnologías que actualmente cuenta la Procuración General de Justicia. Específicamente, con el moderno software AFIS (Sistema de Identificación Automática de Huellas Digitales, por sus siglas) se logró comprobar la identidad de la persona que dejó la impronta de sus huellas digitales en el vehículo, concordando con Sandro Álvarez. Ahora, en el Centro Patagónico (CENPAT) se determinó la concordancia entre los restos de ADN que había en los precintos con los cuales maniataron a la novia de Bregonzi con el perfil genético de Álvarez.

Para los fiscales, estas pruebas científicas aumentan el grado de probabilidad de autoría de Sandro Álvarez, investigado como uno de los integrantes de la banda que cometió el crimen. Actualmente, Álvarez se encuentra detenido en prisión preventiva mientras prosigue la investigación que busca llevarlo a juicio oral, ya que los jueces consideran que existen los peligros que el imputado se fugue o entorpezca el proceso. Los fiscales lo imputan por su presunta comisión del delito de “homicidio en ocasión de robo”, previsto con penas de 10 a 25 años de prisión

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