Según adelantó ayer en el Parlamento el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la obligación de declarar las cuentas extranjeras afectará, tanto a titulares como a beneficiarios, o aquellos que figuren como autorizados o con poderes en dichas cuentas.

La información a declarar abarcará también a otros títulos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de entidades, así como de seguros de vida o invalidez y bienes muebles e inmuebles contratados en el extranjero.

Entre otras medidas del citado plan adelantadas hasta el momento, se encuentra también la de limitar el pago en efectivo a partir de los 2500 euros (3290 dólares) en operaciones mercantiles, tanto por parte de personas jurídicas como físicas. Según los presupuestos generales del Estado para 2012, las autoridades españolas esperan recaudar este año mediante estas medidas 8171 millones de euros.

El gobierno generó una fuerte polémica por su decisión de aplicar un gravamen especial de apenas el 8 o 10% a rentas no declaradas con el objetivo de regularizarlas, una medida con la que espera recaudar a corto plazo unos 2500 millones de euros. La iniciativa del gobierno, que entró en vigor por decreto hace dos semanas, fue validada ayer en el Congreso de los Diputados con 194 votos a favor, 137 en contra y ninguna abstención, con el respaldo de la mayoría absoluta del Partido Popular (PP) y grupos minoritarios. La oposición, encabezada por el Partido Socialista (PSOE) de Alfredo Pérez Rubalcaba, rechazó respaldar el decreto gubernamental al considerarlo una “amnistía fiscal” que desincentiva el pago de impuestos y supone un paso atrás en la lucha contra el fraude fiscal.

Ante el pleno del Congreso de los Diputados, Montoro defendió sin embargo que no se trata de una “amnistía”, sino de un “gravamen sobre activos ocultos y cuyo afloramiento sería positivo para normalizar la actividad económica” y luchar contra la economía sumergida. Para acogerse al gravamen especial, las rentas ocultas dentro y fuera de España podrán declararse hasta el 30 de noviembre.

La presidenta regional de Madrid, Esperanza Aguirre, del PP, habló de una “regularización fiscal” y afirmó que el gobierno “necesita obtener ingresos de donde sea” para alcanzar este año el objetivo del 5,3% de déficit público.<