La Policía, por orden del fiscal Gustavo Sandoval, secuestró en las últimas horas de ayer varias bombas de estruendo y otros objetos comúnmente utilizados en manifestaciones, durante un allanamiento en la Central Deán Funes, en Villa Páez, que pertenece a la Empresa Provincial de Energía (Epec).

Lo confirmó a La Voz, el propio fiscal Sandoval, quien se encontraba de turno y ordenó el operativo.

"Conexión". Sandoval consideró que podría haber “una conexión” con la causa que investiga los incidentes de la movilización que el pasado jueves realizaron los gremios estatales para entregar un pedido de inconstitucionalidad al Tribunal Superior de Justicia, por la reforma de la ley previsional (ver Incidentes, heridos y destrozos durante la marcha contra la reforma jubilatoria, 23/08/2012).

“Todo arrancó por un dato confidencial. Anoche se hizo una presentación a la fiscalía por un llamado telefónico anónimo que indicaba que había bombas y materiales para usar en manifestaciones en esa dependencia de Epec”, puntualizó el fiscal.

Según informaron fuentes policiales, los explosivos serían de fabricación casera. También se hallaron otros elementos como gomeras.El fiscal interrogará a quienes participaron del operativo para, entre otras cosas, resolver quién tendrá competencia sobre el caso.Críticas al allanamiento. Dirigentes del sindicato de Luz y Fuerza cuestionaron la medida.

"Repudiamos esto, que no es más que la judicialización de la protesta social por parte del gobierno de (José Manuel) De la Sota, cuyas verdaderas caras son el ajuste y la represión", aseguró el subsecretario de Luz y Fuerza, Juan Urbano.

"Dicen que buscan elementos que tenga que ver con la manifestación de la semana pasada. En ese aspecto, este gremio, como los otros, se limitó a detonar bombas de estruendo, pero todo dentro de la ley. Estamos molestos, pero le daremos una respuesta política a todo esto", dijo Urbano.

Reunión. Los gremios tiene previsto reunirse este lunes para ver cómo continúan con su plan de lucha.

Respuesta a Bossio. Mientras que la Justicia provincial dispuso ayer el allanamiento, los gremios de estatales aportantes a la Caja de Jubilaciones de la Provincia respondieron ayer mediante una “carta abierta” al titular de la Anses, Diego Bossio, quien consideró que las jubilaciones de Córdoba “son casi de privilegio”.

“Por primera vez en forma clara y a través de medios masivos, la Nación reclama que Córdoba recorte sus jubilaciones, les ponga un tope; se olvide del 82 por ciento e iguale para abajo, condenando a los jubilados actuales y futuros de Córdoba, con un criterio de Justicia Social para nosotros incomprensible”, dice el documento.

Además, la misiva critica la exigencia del Gobierno nacional de armonizar el régimen jubilatorio para destrabar el envío de fondos que se adeudan a la provincia.

“El régimen jubilatorio de Córdoba es diferente porque se construyó con condiciones diferentes, fundamentalmente los aportes y contribuciones más altos del país. Por eso lo defendemos sin límites”, dice la carta.

Al tiempo que ratifica que la mayoría de los estatales apoyan “claramente” al “modelo nacional”, también expresa: ”Con la misma claridad, rechazamos cualquier intento, sea por las razones que sean, de imponerle a Córdoba una modificación de su régimen jubilatorio, más grave incluso que el dispuesto por la cuestionada ley 10.078”.Por estas razones, los estatales confirmaron que tal como plantearon un recurso de inconstitucionalidad por la reforma previsional provincial; recurrirán a la Anses y “para expresar el rechazo al intento de imponer la llamada ‘armonización’.