Parecía que siempre el franco desequilibrio entre los ingresos de los ciudadanos y el costo de la vida sería el tema excluyente de los desvelos nacionales. Pero hoy no es así. Cualquiera puede verificar, con más o menos rigor científico, que la extensa mayoría de los ciudadanos se encuentra fundamentalmente intranquila por un problema que excede los límites del dinero: la seguridad, el riesgo de vida, que excede el riesgo de la miseria, el riesgo de la quiebra, el riesgo del default, y cualquier peligro inminente que azote la nación.

Desde hace años, la inseguridad impacta al país como un sismo. La tierra parece abrirse bajo los pies de los ciudadanos, que no encuentran manera de contrarrestar la indefensión. Con un sistema judicial desarticulado por la inacción y la negligencia, unas fuerzas de seguridad desmanteladas y a cargo de personal subempleado, unas calles abandonadas a la mano de Dios, los ciudadanos de este país se convierten cada amanecer en sobrevivientes, y no en habitantes.

Otro manotazo de ahogado terminó con el desempeño en funciones del ex ministro de Seguridad Carlos Stornelli, quien aseguró que volverá a su cargo de fiscal. Lo cierto es que su nombre estaba en la pica desde que los eventos de los últimos meses dejaron a la ciudadanía sin habla. No hace falta una lista demasiado extensa, sino simplemente reseñar la tremenda detonación que generaron en la popularidad del funcionario los entretelones del caso Pomar, donde la policía tuvo un desempeño que evidenció no sólo tremenda ineficiencia, sino mala fe y responsabilidad directa. También los casos de los asesinatos de las docentes en los robos de sus autos, quienes fueron acribilladas impunemente cuando ya habían entregado sus bienes. A estos se sumaron los asaltos comando a los countries, que pusieron de manifiesto el riesgo que implican las personas que dicen cumplir funciones de seguridad en determinado predio.

¿Quiénes son esos hombres a quienes cada visitante exhibe el documento de identidad cuando pretende ingresar a un sitio privado? ¿Quiénes son esos, que tienen en sus manos la identificación de un visitante, donde consta el domicilio particular? ¿Quiénes, los que saben en qué momento la familia sale de su vivienda, y cuántos de sus miembros han regresado? ¿Con qué criterio una empresa de seguridad los ha seleccionado? ¿Qué es lo que ellos “aseguran”? ¿A quién responden realmente? Muchas historias nutren el caudal de anécdotas de clientes de instituciones bancarias, que se cuidan del personal de seguridad, ya que medio país asegura que esos custodios son entregadores en la mitad de las salideras bancarias.

Patovicas

Pocos rostros de estupor son comparables a los que exhiben los padres de adolescentes cuando los hijos dicen: “voy a ir a bailar. Van todos”. Hace veinte años, esos padres temían por la integridad de las hijas, y dejaban liberados a los varones para gestionar su propia diversión nocturna. Hoy, los temores están francamente equiparados. Todos los jóvenes son blanco de agresiones, la mayoría de las cuales no termina en una ronda de fricciones y tironeos, sino que el grado de ensañamiento y violencia manifiestos demuestra que la mayoría de las disputas lleva a lesiones graves.

Los códigos de la pelea también han cambiado. Mientras que hace treinta años, una pelea honorable era un enfrentamiento de uno contra uno, que terminaba cuando alguien caía al piso, ya que el otro resultaba vencedor tácito, hoy esa caída es el comienzo, para dejar a uno fuera de combate. Fuera de combate o fuera de la vida. Las cámaras de celular han registrado verdaderas batallas campales en las que nadie interviene para separar, sino para alentar.

Un custodio de seguridad en un local de esparcimiento nocturno al que concurren mayores o menores -aunque sea en horarios diferentes- debe estar capacitado para intervenir en las reyertas, y no ser su principal incitador o ejecutor. Hoy los casos son espeluznantes; hay patovicas expertos en tomar a golpes entre varios a un joven desprevenido, simplemente porque les ha caído mal. Algunos provocan a los concurrentes humillándolos en público por su condición social, el color de su piel o la calidad de su ropa, para conseguir el punto de reacción al que responderán con un golpe de manopla.

Desde los tremendos acontecimientos de 2004, cuando una enorme cantidad de jóvenes y niños murieron en el boliche Cromañón tras un siniestro incontrolable, pareció que el Estado intentaría encauzar las acciones relacionadas con la seguridad en los sitios de esparcimiento nocturno y los espectáculos públicos. Como siempre, muchas normas y escasa aplicación de las ya existentes.

La ley nacional 26.370 se promulgó en mayo de 2008 y resultó bastante clara: los custodios deberían figurar en un registro especial, cuyo acceso tendría una cantidad de condiciones a cumplir por el empleado. El custodio debe estar necesariamente inscripto en blanco, con lo cual se evitaría contratar a un desconocido en busca de una changa. Se le solicitaría además un certificado de antecedentes penales actualizado, que probaría que el candidato no hubiera cometido delitos dolosos, y una constancia de su aptitud psicológica emitida por un organismo reconocido. El candidato a figurar en el registro debería además aprobar un curso de capacitación, que tendría tres posibles niveles de especialización, y que haría que el personal conociera no solamente los pormenores de su función, sino además las formas de actuar ante un siniestro real. Las funciones de los llamados controladores de admisión exigen por ley que se expliciten las razones por las cuales una persona es o no admitida, para que no haya exclusión por razones arbitrarias, o consecuencia de simples tendencias discriminatorias.

Interesante normativa, que además está en acuerdo con una ley provincial, la 13.694, que apoyaba la mayoría de sus términos, gestión desde la cual se diseñaron los contenidos curriculares que debería contener el curso para los controladores privados, con el fin de cumplir los objetivos expuestos.

Nosotros solos

Pero el partido de General Pueyrredon se mantiene al margen. Para empezar, porque la ordenanza que reglamenta la actividad es previa a la ley, y no ha sido modificada con acuerdo a ella.

Néstor Fóppoli es el apoderado de la firma Solamna SA, que ha tenido a su cargo la implementación de los cursos de capacitación en el resto del país, con acuerdo al diseño curricular vigente. En entrevista para la 99.9, explicó los pormenores de la problemática, y relató los pasos que ha seguido en la vía institucional hasta llegar a poner en conocimiento del intendente Gustavo Pulti que Mar del Plata no está cumpliendo con las leyes nacional y provincial al respecto.

Pero parece no importar. La cámara que nuclea a los propietarios de bares nocturnos obviamente no adherirá a los términos que le impone la ley, hasta que no exista una norma que la obligue a hacerlo, ya que disponer todo el personal en blanco y capacitarlo debidamente implicaría una erogación que, está a la vista, puede evitar.

Sería el momento de efectuar una revisión de las pólizas, y verificar hasta qué punto una prestataria de seguros se hará cargo de compensar los daños ante un siniestro, cuando el personal de seguridad de un local no se encuentra comprendido en las especificaciones de las leyes vigentes: no está registrado, no está en blanco, y no está debidamente capacitado.

Mientras tanto, y hasta que alguien reaccione, las caras de estupor de los padres se mantiene. Que un hijo anuncie que irá con sus amigos a bailar es casi como que diga que se alistará en el ejército de Irak: un peligro inminente que excede la capacidad de cuidado que pueden ejercer quienes desean mantenerlo con vida. La fuerza bruta puede decidir que su hijo le cae mal, y devolverle los restos.