La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Neuquén solicitó ayer una entrevista con la vicegobernadora, Ana Pechen, para manifestarle su “profunda preocupación por el funcionamiento del Consejo de la Magistratura Provincial”. Aseguran que los “concursos carecen de transparencia y objetividad”.

Los magistrados reiteraron que desde la creación del organismo marcaron los defectos legales y constitucionales que afectan el debido cumplimiento de su rol. En ese sentido, esta asociación había presentado un proyecto de reforma de la ley de creación que aún no tuvo tratamiento.

“Atento a haber sido desoído lo peticionado por la anterior composición legislativa, solicitamos a usted active los mecanismos correspondientes para proceder a debatir profundamente las reformas pertinentes”, aseveraron en la nota entregada por Mesa de Entrada de la Legislatura.

La Asociación de Magistrados manifestó que en la mayoría de los concursos la cantidad de postulantes es escasa, “por la natural desconfianza e inseguridad que la situación plantea, lo cual incide directamente en la calidad de funcionarios y magistrados que terminan cubriendo los cargos concursados”.

La posible reforma de la ley que creó el Consejo de la Magistratura dio vueltas por la Legislatura desde 2009, aunque sin avances hasta el momento.

Los magistrados aseguraron que la única función que cumple desde su creación este organismo es la selección de funcionarios y magistrados y que se puede observar que durante el año pasado se produjo una decena de llamados a concurso donde se cubrieron solamente seis vacantes.

“Si se tiene en cuenta que el presupuesto sancionado por la Legislatura -Ley Nº 2,793- para el Consejo de la Magistratura es de 13.822.185 millones de pesos se podrá concluir fácilmente que es una institución con un funcionamiento extremadamente costoso. Pareciera que las reformas además de ser necesarias revisten el carácter de urgente”, manifestaron.

Sesión

Los diputados provinciales constituyeron ayer durante la sesión el Jurado de Enjuiciamiento, cuerpo integrado por abogados y diputados que evalúan el desempeño de jueces y magistrados sujetos a juicio político.

Para el 2012 este órgano estará compuesto por los abogados Pablo Cédola y María Soledad Valls como titulares y Javier Volpe y Katerina Izuel como suplentes, y los diputados Manuel Fuertes (NCN) y Pamela Mucci (UNE-FPN) y suplentes Darío Mattio (MPN) y Jesús Escobar (Libres del Sur). Además, la Cámara nombró a Mattio y Mucci para actuar en causas pendientes del 2011. El caso que quedó por tratar y que ya pasó la junta de admisibilidad es el juicio a la jueza Gloria Martina cuestionada por el Colegio de Abogados de Zapala, ciudad donde ejerce como titular del Juzgado de Familia y Juicios Ejecutivos.

Los diputados aprobaron, además, en forma unánime el veto parcial del Ejecutivo a la Ley Nº 2.781, de atracción de inversiones, por haber incluido un importe superior a lo aprobado en el presupuesto general.

Durante la hora de otros asuntos el diputado Rodolfo Canini (FG- MUN) aseguró que desde la ampliación de las currículas de las carreras para docente en los IFD y en la Escuela de Música, el Consejo provincial de Educación (CPE) demora más de 3 meses en destinar los docentes. Eduardo Benítez (UCR) denunció la situación de “abandono” de la Policía provincial. Dijo que del presupuesto de 834 millones de pesos de la fuerza, 720 millones son de masa salarial y sólo 52 millones para funcionamiento.