El sector minero recibió el martes un fuerte apoyo por parte del Gobierno nacional. La administración macrista le confirmó a las provincias integrantes del Consejo Federal Minero que trabajará para llevar adelante una reforma a la Ley de Glaciares, con el objetivo de dar claridad en los puntos que plantean incertidumbre.

La medida fue festejada a nivel local, por el Ejecutivo y las cámaras empresariales, ya que entienden que facilitará las inversiones. Además sostienen que en San Juan la iniciativa abrirá el camino para la puesta en marcha de varios proyectos clave, en los que se destaca la explotación del cobre.

Según trascendió, el objetivo del macrismo es trabajar en los próximos tres meses en una modificación, con la participación de todos los sectores (trabajadores, provincias y empresas, partes que integran la reciente Mesa del Desarrollo Minero Argentino). La idea es tener listo un proyecto para que sea enviado al Congreso en marzo, después del inicio de las sesiones ordinarias. Por otro lado, la intención del Ejecutivo nacional, dada a conocer ayer, disparó el alerta de los grupos ambientalistas antimineros, que tras la información, manifestaron su preocupación y su crítica hacia Macri.

Desde el Ejecutivo local indicaron que hay al menos dos puntos de la ley que son necesarios revisar, dado que se utilizan términos que no están perfectamente definidos y por los que se genera la polémica para su implementación. Uno de esos puntos es el artículo 1 donde se habla de "reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano", pero no aclara qué es una reserva estratégica, explicó el ministro de Minería, Alberto Hensel. Además, el funcionario hizo hincapié en el artículo 6, que fija la prohibición de la exploración y explotación minera e hidrocarburífera que se desarrolle en el ambiente periglacial: "ese término tampoco está definido, determinado y claro".

Al ser consultado, Jaime Bergé, presidente de la Cámara Minera local y vicepresidente de la cámara que nuclea a los empresarios a nivel nacional (CAEM), manifestó que "como está planteada actualmente la Ley de Glaciares, amplia y difusa, ninguna actividad es viable, no solo la minería, sino que tampoco el turismo o una obra como el Túnel de Agua Negra". Además, indicó que "ese planteo se le hizo al Presidente, en conjunto con los trabajadores. Se le expresó que dar certidumbre en un tema tan central iba a favorecer la inversión minera". Bergé explicó que en la provincia hay varios proyectos que están avanzados en su etapa de factibilidad, y que los de cobre encabezan la lista.

Según fuentes calificadas, el emprendimiento Los Azules, en Calingasta, a cargo de la firma Mc Ewen, es el que está más avanzado y que sus directivos estaban esperando una definición nacional por la polémica de la ley para darle marcha al proyecto. Ese yacimiento implica una inversión de 2,2 mil millones de dólares para su inicio. Además, hay otros en cartera de diferentes empresas (Ver recuadro).

Por otro lado, Ricardo Martínez, también miembro de CAEM, advirtió que "la ley es muy preocupante para el desarrollo de cualquier proyecto. Es muy bueno que se haya podido hacer que el Gobierno trabaje para comandar una serie de modificaciones tratando de mejorar o de optimizar esta ley". Al igual que Bergé, Martínez explicó que "hay un montón de proyectos que están en etapa de factibilidad, pero que no saben cómo lidiar con esta norma".

La ley fue sancionada en 2010 y desde entonces, los ambientalistas afirman que los proyectos, como los de San Juan, no cumplen con la normativa y que deberían ser cerrados. El reclamo llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, hubo amparos de empresas para frenar la norma, pero el máximo tribunal dispuso su aplicación. Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que se respeta con todo lo estipulado.

Mesa de desarrollo

 

Tras un encuentro desarrollado el martes, con la presencia del presidente Macri, el Consejo Federal Minero y la participación de la Cámara Argentina de Empresarios del sector, los gremios AOMA y UOCRA, se creó la Mesa de Desarrollo Minero Argentino con el objetivo de definir las políticas de gobierno para el sector.