Un 75,3% está en desacuerdo con la medida de Cristina, el 62,1% cree que afectará al Gobierno en las próximas elecciones y el 58,4% piensa que hay dinero para pagar la suba.
El sondeo ratifica el efecto negativo que este asunto le generó –desde el principio– a la Casa Rosada. Cuando el proyecto fue aprobado la semana pasada, se consagró como la primera iniciativa importante que la oposición impuso contra la voluntad del oficialismo. También se agregó que hubo empate de votos en el Senado, lo que convirtió al vicepresidente Julio Cobos en el protagonista que definió la votación. Y al día siguiente la presidenta Cristina Kirchnervetó la ley, una resolución que intentó evitar desde el comienzo, porque contradecía las subas otorgadas a los jubilados y porque ella suponía –al igual que la oposición– que podía ocasionarle un daño electoral al Gobierno.
La encuesta telefónica de M&F coincide con ese análisis de todo el arco político: un 75 por ciento de los encuestados manifestó que no está de acuerdo con el veto. Apenas un 12,2 por ciento se expresó a favor de la medida, una cifra tan reducida que se ubica por debajo de aquellos que no brindaron ninguna respuesta. El estudio incluyó a personas de todas las edades, desde los 18 a los 70 años, tanto de Capital Federal como del Gran Buenos Aires y tres provincias.
El principal argumento del matrimonio Kirchner para defender su decisión fue que no contaban con la suficiente cantidad de fondos para solventar esos aumentos, que habría llevado las jubilaciones mínimas a los 1.427 pesos por mes. Sólo un 16 por ciento cree que esa explicación es verdadera, otra vez por abajo de todos los que “no saben / no contestan”.
Sin embargo, un porcentaje mayoritario, del 58 por ciento, asegura que existe dinero público para poder financiarlo, la misma creencia que mantienen los distintos sectores de la oposición y con el fundamento –entre otros– de la enorme caja que tiene en la actualidad la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Ademas, el trabajo de la encuestadora incluye una pregunta directa sobre las consecuencias electorales que podría ocasionar este rechazo presidencial al 82 por ciento móvil: “¿Cree que el veto de esta ley va a afectar al Gobierno en las próximas elecciones?”.
Aquellos que respondieron que no va a tener ninguna consecuencia se ubicaron en el último lugar, con un 14 por ciento, seguidos más arriba por un 23 por ciento que no expresó su punto de vista. La mayoría del 62 por ciento opinó que la decisión del kirchnerismo podría restarle votos en los cruciales comicios del año que viene.


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