Dieron plazo hasta el próximo 14 de octubre para una solución, bajo advertencia de una movilización vecinal. La preocupación crece ante el hecho que el Municipio comenzará a retirar la asistencia a la zona.

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RIO GRANDE.- Los ánimos entre las familias que están asentadas en los terrenos ocupados en la zona de la Margen Sur están cada vez más caldeados, generado por la preocupación ante el considerable atraso por parte del Ejecutivo provincial respecto a la expropiación de las tierras y su consecuente regularización, que a su vez traerá aparejada una sustancial mejora en la situación por la que están atravesando actualmente, al no poder contar con servicios básicos y frente al hecho que en semanas más el Municipio comenzaría a recortar la asistencia social que se brinda, como consecuente respuesta de la decisión del Gobierno de hacerse cargo de la prestación de servicios y llevar la infraestructura.

Con este cuadro de situación, los vecinos entregaron una nota a la Delegación de Gobierno en la ciudad, en la cual solicitan a la gobernadora Fabiana Ríos la urgente reglamentación de la Ley de Expropiación aprobada por la Legislatura en la sesión especial del 28 de mayo y promulgada un mes después, a través de los decretos Nº 1542/11 y 1543/11.

Miriam Ponti, representante delegada de la asamblea de referentes y vecinos de los sectores que conforman los asentamientos, dijo que esto servirá «para que el Fiscal de Estado pueda instruir para que a los dueños se les pueda pagar las tierras, indemnizar, y también para que se instruya al Instituto Provincial de la Vivienda a que pueda empezar a trabajar».

«Estamos solicitando una agilización, porque la ley es muy clara ya que nombra al PROMEBA (Programa de Mejoramiento de Barrios), pero el PROMEBA no puede actuar sino está regularizada la situación dominial a favor del Estado provincial», explicó.

Ponti precisó que durante la semana pasada en la zona se vio trabajar a personal del IPV, agrimensores midiendo macizos, pero insistió que «el Gobierno tiene que entender que nosotros no tenemos que pedir ni suplicar nada, es nuestro derecho y el deber de ellos es cumplir con la ley y la ley indica que tienen que trabajar en esto», reclamó.

Recordó incluso que para que el PROMEBA ingrese a la zona para comenzar con el tema de los servicios, necesariamente debe estar resuelto el tema de la tierra, además advirtió que «se necesita de un año y medio para comenzar a verse los servicios una vez regularizadas las tierras y todavía no han hecho las notificaciones correspondientes».

La necesaria reglamentación

Asimismo Miriam Ponti recordó que en una reunión realizada el 19 de septiembre, el ministro Benegas dijo que el decreto reglamentario estaba firmado, «pero en el Boletín Oficial no está»; recriminó al recordar además que desde el IPV se insiste que no pueden destinar fondos en la regularización sin una instrucción desde el Ejecutivo provincial.

Ponti entendió entonces que la ley no está reglamentada, «porque si estuviera reglamentada nos hubiesen mostrado la reglamentación y nos hubiesen dado el número correspondiente; porque de palabra yo puedo decir que está pero necesitamos comprobarlo».

¿Qué pasará con la asistencia?

Los vecinos presentaron además otra nota, en la cual se advierte a los funcionarios provinciales de la difícil situación que se generará una vez que el Municipio se comience a retirar y acotando la asistencia en leña, agua, mejorar el estado de calles, entre otros, ante la ratificación del ministro de Obras y Servicios Públicos, Manuel Benegas, que ésa cartera se hará cargo de ahora en más.

«Sabemos que la Municipalidad va a retirar los servicios que estaba brindando en los asentamientos y creemos que es justo, porque hace ocho meses que hay una ley que establece que quien se tiene que hacer cargo es el Gobierno provincial. El Municipio hace cinco años que está abasteciendo de agua, atmosférico, leña, camiones y otros aspectos sociales y la presión de la Municipalidad nos ayuda a presionar a nosotros entregando estas notas», consideró.

«En el caso que en esta semana, ni la siguiente, no tengamos respuesta, el 14 de octubre por asamblea general de los vecinos de los asentamientos, se hará una movilización general», anticipó Ponti.

«Es preocupante porque sabemos que las familias necesitan del agua, se necesita el camión atmosférico para los pozos sépticos y esto también traerá un problema de salud; sabemos que si las calles no están en condiciones tampoco va a pasar el colectivo. Esto es sumamente preocupante: acá hay una desinformación total y creo que sería fundamental una reunión con la Gobernadora, además del Ministro (Benegas), el Presidente del IPV (Del Giudice) y todos los funcionarios que entiendan en este asunto».

«Cuando nos movilicemos todos, no vamos a ser punteros políticos como nos marcan a algunos de los referentes. La Gobernadora puede firmar el decreto en 10 minutos, por eso nos parece tiempo más que suficiente estas dos semanas de plazo hasta el 14 de octubre», advirtió.