Las medidas del Gobierno para reducir el monto de subsidios estatales que reciben las empresas de servicios públicos siguen generando polémica. El Ejecutivo nacional no anunció todas las medidas que tiene previstas al mismo tiempo, sino que va develando los ajustes por tramos, por lo que aumenta el nivel de incertidumbre de hasta dónde se pretende llegar con el recorte.

La primera quita que anunció el ministro de Planificación, Julio de Vido, y de Economía, Amado Boudou, fue para bancos, financieras, compañías de seguros, entre otros sectores a los que se les eliminó el 100% de los beneficios.

El segundo tramo abarcó a algunas zonas residenciales de altos ingresos como Puerto Madero, Barrio Parque y los countries de todo el país. Para profundizar estos recortes, el Gobierno encargó la semana pasada a los intendentes de la provincia de Buenos Aires que identificaran las zonas de sus distritos donde hay habitantes de alto poder adquisitivo, para proceder a quitarles también los subsidios.

Al mismo tiempo, se habilitó una planilla vía web para renunciar voluntariamente a los subsidios, donde se anotaron cerca de 12.000 personas.

Esa maldita planilla

El problema mayor para los usuarios residenciales de sectores medios o bajos es el siguiente tramo anunciado por el Gobierno: a partir del 1° de enero les empezaría a llegar a los vecinos una planilla que tendrá el valor de una declaración jurada, en la que deberán aclarar si desean seguir recibiendo el subsidio.

A partir de ahí, se desarrollaría un proceso de entrecruzamiento de datos donde la AFIP, encabezada por su titular, Ricardo Echegaray, jugaría un papel fundamental para determinar qué usuarios recibirían o no el subsidio. El problema es que, según qué medidas se tomen, podría considerarse invasión a la privacidad (ver aparte).

Según los dichos de Julio de Vido, este tramo comenzaría por los habitantes de Capital, pero luego se extendería al Conurbano y el resto de la Provincia. El problema es que hasta el momento se trata sólo de anuncios, ya que todavía no hay ninguna disposición que aclare cómo se instrumentará el sistema.

“No hay en este momento ninguna resolución con respecto a algún otro tipo de quita. Lo que hay es simplemente un trascendido de un ministro, de que les van a mandar una planilla a los consumidores para que establezcan si aceptan o no aceptan la quita del subsidio. No hay ninguna especificación de a quién le va a llegar y cómo va a ser la quita”, aseguró a Hoy el abogado Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (Adduc).

El letrado afirmó que al no haber resolución al respecto, por el momento no se puede accionar legalmente, pero recalcó: “Cualquier planilla que le remitan al consumidor para hacer una declaración jurada viola el artículo 35 de la ley 24.240”.

En ese sentido, aconsejó a los usuarios que “aunque les llegue la planilla, no tienen obligación de contestarla, porque no hay un instrumento jurídico legal que la avale”.

De la misma forma se manifestó Susana Andrada, presidenta del Centro de Educación al Consumidor: “Lo de la declaración jurada es un tema que nos preocupa muchísimo, porque el problema es que termina siendo el usuario el que tiene que demostrar un sinceramiento

para poder hacer uso del subsidio que el propio Estado se lo está quitando”.

Lo que prohíbe la legislación

Según la ley 24.240, de Defensa al Consumidor, la acción que pretende llevar a cabo el Estado está expresamente prohibida en su artículo 35, que dice lo siguiente: “Prohibición. Queda prohibida la realización de propuesta al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente y que genere un cargo automático en cualquier sistema de débito, que obligue al consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice. Si con la oferta se envió una cosa, el receptor no está obligado a conservarla ni a restituirla al remitente, aunque la restitución pueda ser realizada libre de gastos”.