El Concejo Deliberante fue escenario ayer de fuertes acusaciones, eufóricas discusiones e improperios, en un contexto de extrema sensibilidad tras lo ocurrido el jueves 22, en la obra de San Martín 652.

Los concejales de la oposición partieron del artículo 225, inciso 10 de la Constitución Provincial y el artículo 43, inciso 29, de la Carta Orgánica Municipal para fundamentar el proyecto de resolución, a partir del cual solicitaron la promoción de un sumario administrativo en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, la Dirección General de Control Urbano y la Dirección de Obras Particulares. El concejal Gabriel Romero (FAP), dio apertura al debate cuando advirtió el absoluto desconocimiento del municipio sobre sus propias facultades, debido a que la Carta Magna provincial confiere a los municipios la competencia para imponer multas y sanciones propias del poder de policía y decretar la clausura de locales, desalojo por peligro de derrumbe, suspensión o demolición de construcciones, recabando las órdenes de allanamiento correspondientes y el uso de la fuerza pública.

Asimismo, pidió que se investigue “hasta el hueso” para determinar si hubo responsabilidad de funcionarios municipales. Luego, el concejal Agustín Payes (PJ) cuestionó la “liviandad” del planteo y recordó que un proyecto de su autoría es estudiado desde antes del luctuoso episodio. Tras calificar de “ruin y deplorable” la proposición, acusó a los opositores de politizar el tema. En medio del bullicio y el desorden total, los oficialistas votaron ligeramente por el rechazo y se continuó la discusión sobre el proyecto que solicita a Camau Espínola que informe sobre los inspectores de tránsito que se encontraban en el lugar, el cual fue aprobado.

Lamentando que el oficialismo “rehúse el debate”, el concejal Claudio Polich (UCR) cuestionó los “artilugios” para omitir la discusión y dijo que de nada sirve “patear la pelota a la tribuna de la Justicia”, cuando el Municipio podría hacer una revisión interna, sin eludir su responsabilidad.

Por frecuentes interrupciones de la concejala Marta Gómez (PJ) en principio, que provocaron el enojo incluso de su par Miriam Coronel (FpV), y por la ofuscación de los concejales Payes y José Luis Gálvez (FpV), en dos oportunidades se determinó un cuarto intermedio.

Ataliva Laprovitta afirmó que “nadie se esconde” y acusó a la oposición de “hacer un circo con la desgracia”. Finalmente, el proyecto para declarar el estado de emergencia en obras particulares también fue rechazado. Cuando el concejal José Ramírez Alegre intentó nombrar a las víctimas de la tragedia, Payes y Gálvez montaron en cólera y hubo gritos e insultos. Al concluir la sesión, la oposición lamentó que se hayan “descontextualizado” sus planteos.