«Se podrá estar de acuerdo o no, pero lo que nadie podrá decir es que este Decreto reglamentario, que es el correlato normativo de una política nacional energética que ha tenido un giro de 180 grados, al igual que la recuperación de YPF, se inscriben en una política de neto corte Nacional y Popular», indica el comunicado.

Para fundamentar la defensa del decreto, los legisladores enumeran los alcances de la normativa:

-Establece la obligación de las empresas petroleras de abastecer el mercado interno, para que el petróleo y el gas de nuestro país se utilice en forma prioritaria para abastecer las necesidades de los argentinos (fueguinos incluidos), y no para venderlos simplemente al mejor postor.

-Determina una política de precios de referencia de cada uno de los componentes de los costos y precios de venta de hidrocarburos y combustibles, para que las empresas puedan obtener márgenes de ganancia razonables, pero evitando que debamos pagar sobre precios sobre nuestro gas y nuestros combustibles.

-El Control de inversiones, el abastecimiento adecuado del mercado interno y la verificación de que los precios del gas y los combustibles no resulten abusivos, nunca fue ejercido por la Provincia. Por lo tanto, que los organismos técnicos de la Nación lo realicen, con participación de todas las provincias productoras, resulta un avance importante en la defensa del país y la calidad de vida de los argentinos.