El artículo 85 de la Constitución nacional establece que la AGN tiene a su cargo el control externo del funcionamiento operativo, económico y financiero de todo el Estado y su presidente es nombrado por el partido de la oposición con más bancas en el Congreso.

Este organismo tiene la misión de realizar el control más completo sobre toda la administración pública y, además, lo hace desde fuera del Poder Ejecutivo (a diferencia de la Sindicatura General de la Nación), pues depende del Congreso Nacional.

Entre las auditorías en curso se encuentran las vinculadas con la gestión de la agencia Télam, el programa de modernización de la gestión pública y programas relacionados con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y con organismos descentralizados, como la AFIP y la Anses.

Durante los últimos diez años, con el radicalismo en la oposición, se vino desempeñando como presidente el radical Leandro Despouy. Ahora, sin embargo, es la propia UCR, bajo la conducción de su nuevo titular, Mario Barletta, la que impulsa su reemplazo por otro radical que tenga mejor diálogo con la mayoría de directores kirchneristas.

"Por más que hayamos perdido la elección, no vamos a negociar ni a entregar la AGN al kirchnerismo. La AGN es un organismo de control y necesita una personalidad fuerte", dijo a LA NACION uno de los diputados más cercanos a Ricardo Alfonsín, que el jueves por la noche se reunió con Despouy y, anteayer, comunicó públicamente su voluntad de que continúe en el cargo. El alfonsinismo le dejó en claro a Barletta que su candidato, Mariano Candioti, no contará con el apoyo de su sector.

Esta interna, que en los últimos días convulsionó a los radicales, puede parecer una más de las muchas intrigas de esa fuerza política. Sin embargo, esta vez el resultado puede tener una consecuencia institucional, porque podría debilitar al organismo de control.

Ni la gestión de Néstor Kirchner ni la de Cristina Kirchner convocaron jamás a concursos para asignar el control de los organismos de servicios públicos, por ejemplo, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) o el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), todos los cuales siguen intervenidos.

Pero esa colonización de los resortes de control se completó, especialmente, en 2009.

En marzo de ese año, el hoy diputado radical Manuel Garrido renunció a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y nunca trascendió ninguna de las pesquisas que hizo su sucesor, Guillermo Noailles. Y, en noviembre de ese año, el Gobierno nombró al frente de la Sindicatura General de la Nación a Daniel Reposo y, al frente de la Comisión Nacional de Valores, a Alejandro Vanoli, dos hiperkirchneristas que contaron con el apoyo del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, para reemplazar a dos funcionarios que pretendían tener más autonomía.

En cambio, la AGN, o por lo menos su presidente Despouy -que preside un directorio integrado por otros dos radicales y cuatro kirchneristas-, hasta ahora permaneció al margen del férreo dominio del Poder Ejecutivo. Ahora, la pretensión de un sector de ese partido de nombrar a un radical dialoguista hace peligrar la eficacia misma de ese órgano de control..