El subsidio a ex presos políticos durante la última dictadura militar, que el sábado último aprobó la Legislatura provincial, genera menos adhesiones que lo previsto. Es que los mismos ex presos cuestionan fuertemente la medida. La catalogan como una reparación incompleta, discriminatoria, y entienden que es un “maquillaje político” con el que De la Sota busca congraciarse con el Gobierno nacional. También se distanció el radicalismo, que en la sesión especial en la Unicameral por el Día de la Memoria votó en contra de la iniciativa. En rigor, el proyecto salió sólo con los votos de Unión Por Córdoba.

A nivel local, ex presos políticos se mostraron disconformes con el subsidio que en principio persigue el fin de reparar el terrorismo de Estado.

Matilde Glineur Berne cuestionó cómo quedó planteado el beneficio, que tomó algunas de las reinvindicaciones de los ex presos, pero cuyo contenido cambió sustancialmente al salir de la Legislatura.

“Nosotros quedamos afuera. Les van a dar el subsidio a los que no tienen trabajo, o no ganan para vivir: es un subsidio a la pobreza”, señaló.

“Lo vemos como una situación de discriminación: primero exigen acreditar 10 años (de residencia) en Córdoba, y después abarca sólo del 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983”.

Por su parte, Ricardo Carrera recordó que ya en 1975 había presos políticos. “Es fuerte reconocer que los había en un gobierno democrático, pero es la realidad”, sostuvo.

Además, apuntó contra el tope de ingresos para acceder al beneficio, fijado en 3 mil pesos. “Si es una reparación, debiera ser para todos, y quienes tienen trabajo, debieran renunciar”.

Los ex presos ya plantearon el tema en forma institucional, y pidieron que se rectifique la medida en los puntos mencionados. “Tuvimos reuniones y pedimos que se revise la ley, que sea una ley que nos reivindique como prisioneros de la dictadura”, dijo Matilde Glineur Berne.

Además, muchos de los militantes interpretaron que el subsidio no es más que una señal hacia Cristina Kirchner.

Es lo que piensa Glineur Berne, quien opinó: “Esto es un gesto del gobierno de De la Sota para congraciarse, a medias, con el gobierno nacional”.

Semejante fue la apreciación de Ricardo Carreras. “Esto es un maquillaje, porque quiere quedar bien, pero como medida es una cosa a medias”.

Por su parte, el bloque de legisladores radicales emitió un comunicado dando a conocer los fundamentos de su rechazo al subsidio.

Allí, destacan que la bancada propuso eliminar el inciso C de los artículos 3 y 7, que estipulan que no puede ser percibido por quienes tengan ingresos mayores de más de $3.000.

Además, planteó “sin suerte la modificación del artículo 10, para incluir a las víctimas del terrorismo de Estado fallecidas antes de aprobarse la ley”. En este caso particular, el beneficio sería entregado a su cónyuge, pareja, hijos menores u discapacitados.

Puntos clave de la medida

El sábado pasado, en una sesión especial por el Día de la Memoria, la Legislatura provincial aprobó la ley que crea el subsidio reparatorio a ex presos políticos de la dictadura.

El aporte de la Provincia se fijó en una suma equivalente a dos veces el haber jubilatorio mínimo previsto por la Caja de Jubilaciones de Córdoba (3 mil pesos en la actualidad). Es de carácter no contributivo, personal, vitalicio e inembargable.

Sin embargo, fija una serie de requisitos bien definidos, que restringen el universo sobre el cual se aplicará la medida.

Para empezar, comprende sólo a aquellos que hayan sido detenidos por más de 1 año por razones políticas entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

También les concede el beneficio a quienes fueron perseguidos en el marco del plan Conintes.

Por otro lado, hay un tope de ingresos que limita el acceso al beneficio. Es que la ley establece que no podrán gozar de él quienes ganen más de 3 mil pesos mensuales.

Además, exige haber tenido al menos diez años de residencia en la provincia.