Los empresarios nucleados en la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem) se reunieron ayer para contestar los dichos del gobernador Francisco Pérez, quien ayer dijo desde Washington que "no es el momento de discutir sobre minería en Mendoza" a lo que se sumó la frase de que en los próximos años "no habrá minería en Mendoza".

A través de un comunicado, la Cámara expresó su "honda preocupación por el desconocimiento del tema por parte del mandatario y, sobre todo, la gravedad institucional generada por actitudes contrarias a la legalidad". Roberto Zenobi, de la Camem, dijo que el gobernador está desobedeciendo el artículo 13 del Código de Minería que establece la explotación de las minas reviste el carácter de utilidad pública. Así, según el comunicado, la minería es una actividad lícita que no pertenece al Ejecutivo ni a los privados sino "al pueblo de Mendoza".

La Cámara afirmó que estas declaraciones los obliga a hacer conocer a los distintos organismos internacionales de crédito e inversión que "en Mendoza no existe seguridad jurídica para la radicación de inversiones por falta de apego a la ley y la discrecionalidad y oportunismo de quienes tienen la obligación de aplicarla".

"Estamos cansados de tanto manoseo. Nosotros no hemos matado a nadie y somos todos profesionales que vivimos de la minería hace años", se enojó Zenobi. En este sentido, el comunicado enrostra a Pérez la baja de la Declaración de Impacto Ambiental en la Legislatura antes de las elecciones.

El dirigente remarcó que, si sólo se activaran tres proyectos megamineros como Sierra Pintada de uranio, Don Sixto de cobre y oro y San Jorge también de cobre y oro, se generaría para la provincia -en los próximos dos años- una inversión de U$S 1.500 millones y se crearían más de 1.500 puestos de trabajo directos y 7.500 indirectos.

"Si se eliminara la ley 7722 (que prohíbe la utilización de cianuro), Mendoza en un plazo muy corto, estaría recibiendo dinero directo y generando riqueza. El gobernador Pérez no tendría que ir a Estados Unidos a buscar fondos y no habría tantas necesidades sociales por solucionar", subrayó Zenobi.

Los ánimos caldeados de los hombres del sector fueron evidentes en la reunión que hubo ayer por la tarde en la sede de Camem. Allí se dieron cita los empresarios de firmas exploradoras, de producción y servicio. En concreto, afirmaron que continuarán con el debate para que se siga tratando a la minería y se la considere una actividad que genera riqueza. Por lo pronto, la estrategia empresaria apuntará a sumar a otros sectores proveedores de la minería como la metalmecánica y la construcción.

"La industria extractiva que incluye minería y petróleo, aporta el 40% del Producto Bruto Geográfico a la provincia. Negar la minería es negar el desarrollo de Mendoza", remarcó Zenobi.

De este modo, los empresarios esperan que "el Gobernador reflexione sobre sus palabras y auspicie un debate profundo y técnico sobre la actividad minera que exceda el maniqueísmo reinante".

Los 20 proyectos en duda

"Es verdad que Mendoza posee 800 permisos para explotar minería pero decir, como hizo el nuevo director de Minería (Carlos Molina) que el gobierno quería lanzar 20 proyectos no metalíferos, nos parece apresurado", dijo Zenobi, quien pidió realizar un estudio de mercado y analizar las reales posibilidades que posee este tipo de minería, especialmente en la sustitución de productos importados", argumentó Zenobi.

El empresario señaló que hay un gran campo de oportunidades para la minería y es necesaria en todos los ámbitos. Por ejemplo, un mercado ávido de minerales en la agroindustria para la remineralización de suelos.

"Hay estudios experimentales que han colocado yeso a los cultivos de papa y la cosecha de la hortaliza ha sido un 20% superior a lo normal", remarcó Zenobi. Igual oportunidad comercial se abre para el calcio y el potasio donde -en el último mineral- la brasileña Vale lidera la iniciativa de Río Colorado en el sur provincial.

A propósito, el proyecto de sales de potasio ya lleva U$S 400 millones de inversión y, una vez que esté puesto en marcha, habrá demandado una inversión total de U$S 4 mil millones y generado unos 2.500 puestos de trabajo.