Esta semana se formalizará Aguas y Saneamiento de Mendoza Sociedad Anónima, una empresa que hasta el 28 de setiembre será sólo papeles donde lo que abundan son números en rojo.

La intervención entregará la empresa con un déficit de cinco millones de pesos mensuales y un "cerco" de gastos fijos difícil de saltar. De hecho, en los meses en los que la gestión de Celso Jaque tuvo a OSM intervenida, casi se duplicaron los gastos en algunos rubros.

En la lista hay un fuerte aumento en personal, especialmente en cargos jerárquicos, pues hay el doble de gerentes y se multiplicó por diez la cantidad de empleados con sueldos entre los 6 mil y los 9 mil pesos (había cinco y ahora hay 50). Incluso, en OSM hay al menos 17 personas que ganan lo mismo o más que el propio Gobernador.

Pero también se incrementaron los pagos al propio Estado: Irrigación y el EPAS, por ejemplo, cobraron el doble de parte de la empresa intervenida que cuando debían exigirles el canon a los propietarios privados. Es cierto que también debieron pagarse millonarias sumas atrasadas a la AFIP y la Anses.

El problema para la fundación de la nueva sociedad es que nace con un enigma: cómo saldar ese hueco. Y sólo hay dos formas: o el Estado mantiene los subsidios o se suben las tarifas.

En ese caso, según aseguran desde todos los sectores, el aumento no sería menor al 50 por ciento sólo para cubrir el déficit operativo que hoy tiene. Incluso, en la Legislatura y el propio Gobierno hay quienes piensan que si se sinceran realmente los números de la empresa, el aumento de la tarifa debería ser de hasta el 75 por ciento, pero de manera escalonada. Hasta ahora, sólo hay acuerdo para subsidiar el servicio a las familias carenciadas.

En lo que sí hay no hay disidencias es en que el Estado se va a tener que hacer cargo de la inversión necesaria para mejorar el servicio. Para ello, hacen falta entre 200 y 700 millones de pesos que saldrán del presupuesto provincial o de créditos internacionales.

Para iniciar el camino del fin de la intervención, Jaque empezó de arriba para abajo y nombró al primer directorio de Aysam SA. Aunque el directorio es nuevo, sus integrantes no lo son tanto. En ese cuerpo hay un mix entre viejos conocidos de OSM y operadores del entorno del Gobernador.

La herencia

La primera medida que tomó el Gobierno cuando se hizo cargo de Obras Sanitarias a través de la intervención, fue aumentar la tarifa el 36%. Con ello se logró incrementar los ingresos de la empresa en un 34,5%. Pero el problema es que los gastos explotaron: comparando entre enero y julio de 2009 y el mismo período de este año, los gastos aumentaron 50 por ciento, pero en personal se gasta 76 por ciento más.

En el medio, hubo una negociación paritaria que subió sueldos fuertemente y, sobre todo, ascensos meteóricos. Antes había cinco gerentes y ahora hay diez, que ganan más de 20 mil pesos. Pero también se sumaron 142 personas que subieron a una escala de sueldo de hasta 6 mil pesos y 23 con salarios de 9 mil.

Desde la oposición cuestionan las prioridades que tuvo la intervención, porque, piensan, con las decisiones tomadas se condicionó el futuro de la nueva empresa. "Se acortó el margen de maniobra que va a tener la empresa. Lo que hay que hacer es sincerar los números y decirle a la empresa y a la gente lo que cuesta.

Porque no se puede hacer pagar a todos los mendocinos las malas decisiones ni mentir. La empresa tiene un déficit enorme y hay que buscar un equilibrio sincerando los números", aseguró el senador Guillermo Amstutz (Unidad Popular), uno de los más críticos sobre el desempeño de la intervención.

Hoy, Obras Sanitarias tiene 658 empleados. Y hay una fuerte demanda, especialmente en los departamentos más alejados del Gran Mendoza, para que la empresa mejore los servicios al usuario, cuestión que va a requerir más recursos humanos. Por eso, el déficit de 5 millones mensuales será más amplio.

Desde que está la intervención vigente hace un año, el EPAS mutó en parte su rol. Y en los hechos pasó de ser el contralor a ejecutor. El interventor, Gonzalo Dávila, era vice del organismo y Javier Montoro, presidente del ente, tomó gran protagonismo en las decisiones de la prestadora. También al EPAS le fue bien en lo económico.

En la primera mitad del año pasado cobró un millón de pesos como tasa de inspección a OSM. Este año aumentó a 1,9 millones. Irrigación también cobró casi el doble. De 600 mil pesos en los primeros meses de 2009, recibió de la empresa 1,1 millones este año.

Montoro adelantó el viernes, en una entrevista con radio Nihuil, que el EPAS seguirá vigente, sobre todo para controlar a los 140 operadores pequeños. Pero aún no tiene definido el rol con la nueva empresa estatal. También admitió que hay un atraso tarifario. Los Andes intentó hablar con Montoro, pero el funcionario se excusó por su apretada agenda.

La contrapartida de esos gastos corrientes fueron las inversiones. La intervención bajó el gasto en obras y acciones preventivas para evitar cortes e inconvenientes. En el primer semestre del año pasado se habían invertido casi 4 millones. Este año sólo 2,8 millones, según las planillas enviadas a la Legislatura. En esa información destacan que sí se incrementó el gasto en mantenimiento.

Los 10 millones de pesos que pedía el Gobierno y la oposición se negó a aprobar, alcanzaban para tapar dos meses de déficit operativo. Luego el ritmo del rojo se mantendrá en 5 millones mensuales. Mañana, luego de las escaramuzas, los referentes de todos los partidos volverán a sentarse para negociar con el Poder Ejecutivo el futuro de la empresa estatal. Por ahora, el Gobierno nombró cinco directores y dejó dos sillas vacías para la oposición. El radicalismo ya dijo que no quiere ocuparlas.

Aunque la discusión se dilatará en formalismos acerca de los estatutos de la empresa, el tema más áspero a definir es el de la tarifa. En la oposición reconocen que no quedan muchas alternativas para escaparle a un aumento severo, el problema es quién y cómo se pagan los costos políticos, en la víspera a la carrera electoral.