Además, hace apenas cuatro meses la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales (Afsca) le otorgó la licencia para prestar servicios de televisión por cable a la CPE, primera entidad solidaria del país en conseguir esa habilitación. Ahora, con la confiscación de sus columnas, las cooperativas pampeanas se encuentran ante un caso único en la historia argentina, afirmaron desde Cooperar.

Ayer, en Capital Federal, directivos de Fepamco se reunieron con Ariel Enrique Guarco, presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) y delegados otras provincias, en un encuentro convocado para evaluar el caso de las columnas pampeanas. Entre otros, asistieron representantes de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (Face), y las federaciones provinciales de Santa Fe (Fescoe), Chubut (Fechcoop), Mendoza (Fecocuyo) y Buenos Aires (Fedecoba). Además de la confiscación de Oscar Jorge, analizaron cuestiones relativas a las tarifas de servicios y los ingresos de las entidades.

"Un apoyo total".

La Fepamco estuvo representada por Abel Argüello (presidente), José Piatti (secretario) y René Parada (gerente general), quienes expusieron la problemática planteada por la Resolución 32/12 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de La Pampa, que expropió la infraestructura de redes eléctricas de las entidades solidarias.

Todas las federaciones del país y la propia Cooperar le garantizaron su "total apoyo" a la Fepamco, "porque que el caso podría afectar a otras jurisdicciones, con lo cual excede el marco provincial y se convierte en una cuestión de interés para todo el movimiento nacional de cooperativas de servicios públicos" explicó Argüello.

Luego de acordar un seguimiento permanente del conflicto pampeano los cooperativitas evaluaron la posibilidad de realizar una nueva reunión en La Pampa.

No hay antecedentes.

Durante el encuentro, el presidente de Cooperar confirmó que "no existe en el país ningún antecedente similar" de la confiscación de patrimonio cooperativo por parte del Estado, por lo que "se trata de una situación inédita" para el movimiento solidario.

"Hay un afectado que está siendo expropiado de sus bienes y otros prestadores que podrán ser los destinatarios de esos bienes, en la mayoría de los casos de forma gratuita, de modo que podrán utilizar una infraestructura estratégica, cuya instalación demandó muchos años y una elevada inversión, costeada por los asociados de las cooperativas pampeanas" advirtió Piatti.

Agregó que los grandes multimedios "tendrán todo disponible y gratis para montar un negocio altamente rentable y monopólico, con un ingreso muy alto porque no necesitan invertir en las redes: sólo tienen que tender cables, comprar equipos y realizar una mínima infraestructura personal". Además, Piatti advirtió que la expropiación contradice el espíritu de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, promulgada en 2010, al reactivar "la posibilidad de que existan grupos concentrados de medios al estilo de la vieja Ley de Radiodifusión, que excluyó a las cooperativas".

"Con esta medida, el gobierno transita a contramano de los aires nuevos que propone la ley porque privilegia a los prestadores monopólicos en desmedro de las entidades solidarias que llevan años peleando por su derecho constitucional de expresar ideas y hacer lugar a otras voces", concluyó Piatti. "Y existe una cuestión jurídica, constitucional y de derecho de propiedad que también es relevante defender", agregó Argüello.