Con cortes de ruta confirmados para esta y la próxima semana y con la convocatoria de un sector de ATE de llevar los reclamos con un acampe a la Residencia de la Costa, el gobernador salió al cruce y, tras reiterar que no hay fondos para dar una respuesta inmediata a los reclamos, advirtió que las medidas tendrán consecuencias. “Elegir este método de cortar las rutas desde un sector es una metodología que no tiene que ver con la democracia, de romper el contrato social; el derecho de peticionar a las autoridades está consagrado, el derecho de disentir está consagrado, el derecho de las minorías está consagrado. Lo que no está consagrado es violar las leyes, y menos cometer delitos”.

“Entonces les pedimos que cumplan las leyes, nada más, tienen que ser respetuosos de la democracia”, dijo el gobernador, tras el acto de asunción del nuevo presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, Hugo Acuña. Desde allí cuestionó las decisiones de la dirigencia sindical y no apuntó al reclamo, al que consideró legítimo -más allá de que la Provincia no llevará una propuesta en el corto plazo- sino a la metodología de interrumpir el tránsito en las rutas y de llevar un “acampe” a la Residencia de la Costa.

“Se cree que el fuero sindical, y esto lo piensan muchos dirigentes sindicales, autoriza a cometer cualquier tipo de delito o a ejercer violencia”, cuestionó el gobernador en referencia a la decisión que tomó ayer por la tarde la plenario general de ATE, donde se resolvió cortar los puentes de Neuquén y Centenario y realizar un acampe en la Residencia de la Costa y en la casa del gobernador en San Martín de los Andes (ver página 8). “Cortar rutas o prender cubiertas en espacios públicos o en casas privadas o en casas de funcionarios es un delito. Como en la asamblea de porteros, que dicen que van a ir a mi casa. Yo quiero señalar que la democracia exige el respeto a las autoridades votadas por el pueblo. A ellos no los votó el pueblo; ellos están allí por un sector del Estado, que en el caso de porteros es por un sector dentro de un sector, encima de un gremio que solamente representa a una parte de los trabajadores de los auxiliares de servicio. De los 5 mil auxiliares de servicio, representan al 10% ó al 15%”, dijo Sapag, en claro cuestionamiento a la legitimidad de la representación del sector. “La protesta social tiene que ser legítima y popular. Y yo como gobernador protesto popularmente ante la expresión ilegítima que significa cortar una ruta, tomar un edificio público o ir a atentar contra la casa privada del gobernador, donde se prende fuego una cubierta y se hace un daño”, agregó.

Sanciones

También habló de sanciones y aclaró que, frente a un escenario más conflictivo con los gremios, se evalúa pedir la conciliación obligatoria. “El fuero sindical no autoriza ni avala cometer delitos. Todos aquellos que sean empleados públicos, dirigentes sindicales o no, si cometen un delito como el corte de rutas, no solamente van a recibir la denuncia penal, sino que van a ser sumariados administrativamente”, advirtió el mandatario provincial, quien resaltó que “el estatuto del empleado de la administración pública, que es el que acepta todo empleado que entra a trabajar, tiene claras precisiones sobre lo que es una falta grave. Y cortar una ruta es una falta grave contra el Estado”. "Habría que preguntarles a los dirigentes sindicales que están recurriendo a la violencia qué objetivo están buscando. ¿Quieren desestabilizar al Gobierno? ¿Quieren provocar un golpe de Estado? ¿Están respetando las leyes de la democracia?", cuestionó. "Están haciendo su carrera política. Yo creo que la tienen que hacer desde un partido y no desde el gremio", insistió.

El gobernador reiteró que no llevará una protesta de incremento salarial superior a la que ya se otorgó, en tanto que no tendría el dinero para pagarla, y dijo que la preocupación inmediata apunta a conseguir los fondos para los aguinaldos, que “hay que salir a buscarlo”.

Según indicó, las cuentas provinciales indican un rojo de $1.000 millones, y sin nuevos ingresos no es posible considerar un nuevo aumento. Aclaró que en los últimos cuatro años los incrementos superan la inflación medida por la Provincia y que en el escenario actual se apuntará a mantener esa relación. "La Provincia midió 100, nosotros dimos 120. Entonces no me pueden hablar de un retraso. Y no cuestiono la legitimidad de peticionar. Como dirigentes sindicales tienen legítimo derecho a peticionar, pero no nos olvidemos que los recursos que yo administro son de la sociedad".