El TSJ había pedido hasta diciembre para capacitar a jueces, magistrados y personal que estará afectado. La ley contemplaría la transferencia de recursos provinciales y dejaría la estructura en manos del alto cuerpo. Se agregará un artículo sobre la venta ilegal de psicofármacos. La Legislatura lo aprobaría mañana.
-es decir a fines de octubre- y contaría con recursos presupuestarios del Estado provincial, según indicó a este diario el titular del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, Sergio Busso.
De esta manera, el oficialismo aceptó algunos de los pedidos que los jueces del Tribunal Superior de Justicia expresaron cuando fueron convocados a dar su opinión sobre la provincialización de las causas “chicas” de drogas, aunque el alto cuerpo esperaba que la nueva estructura comenzara a funcionar en diciembre.
La iniciativa, impulsada por el gobierno de José Manuel de la Sota, se enmarca en la adhesión provincial a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737, que la Unicameral debate desde hace varias semanas y cuyo tratamiento en comisión finalizaría hoy.
Busso adelantó que la Legislatura dará un “plazo prudencial” para que la Justicia capacite a los magistrados, funcionarios y empleados que estarán afectados al nuevo fuero, que sería de cuatro meses, aunque la letra definitiva del proyecto se establecería hoy.
El proyecto que se llevará al recinto incluiría otros cambios solicitados por el TSJ. Por ejemplo, el procedimiento para la destrucción estupefacientes y otros materiales del narcotráfico quedaría en manos del Poder Judicial, que definiría los sistemas y formas.
En cuanto al presupuesto para poner en marcha al nuevo sistema, un tema que preocupa a los vocales del máximo Tribunal de Justicia, Busso indicó que se agregará al proyecto un artículo que establecerá que la Provincia transferirá recursos propios a tal fin. La Ley 23.737 prevé que la Nación gire esos fondos, pero la experiencia de la provincia de Buenos Aires, que adhirió a la norma hace cinco años, indica que el financiamiento nacional no llega.
Asimismo, se incluirá un artículo referido a la venta ilegal de pastillas y psicofármacos, en el que “se le otorgará más fortaleza y poder de policía al Ministerio de Salud para controlar a droguerías y farmacias”, según afirmó Busso.
En cuanto a la estructura del nuevo fuero antidroga, también quedaría en manos del Poder Judicial, quien sugirió comenzar con dos fiscalías en Capital, y no con tres, como propone el proyecto oficial. Aunque la ley creará tres fiscalías y un Juzgado de Control, será el TSJ quien disponga cómo evoluciona la puesta en marcha de las mismas.
Jueces federales y teleconferencia
En tanto, jueces y fiscales de la Justicia Federal participarán hoy de la comisión conjunta de las Comisiones de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones; Educación y Cultura; Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; Salud; Solidaridad y Derechos Humanos; Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y Economía, que analiza la creación de fuero provincial antidroga, en lo que sería la última “visita” que reciben los legisladores para escuchar opiniones sobre el nuevo sistema.
Por la tarde, está prevista la realización de una teleconferencia con la procuradora de la Provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, quien también opinará sobre esta iniciativa. Además del mencionado TSJ y la fiscal General María Marta Cáceres de Bolatti, los legisladores ya escucharon al gremio de los empleados judiciales y al Colegio de Abogados
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