La entidad, al recordar que el domingo se cumplieron tres años de la firma de ese acuerdo, por el cual La Pampa debería recibir en forma permanente un mínimo caudal de agua, remarcó que la Legislatura provincial cumplió con su parte al aprobar el convenio, y requirió que "se pongan en práctica aquellas acciones directas que permitirán ver nuevamente al río Atuel escurriendo por el oeste pampeano, como históricamente ocurriera hasta mediados del siglo pasado", restableciendo "aunque más no sea parcialmente, los potencialidades socioeconómicas y ambientales de tan querida singularidad de nuestro territorio".

La Fundación expresó que en el convenio rubricado por Nación, Mendoza y La Pampa "se acordó la realización de una importante serie de obras hidráulicas en el río Atuel, especialmente en territorio mendocino, que en el futuro favorecerían los escurrimientos permanentes en nuestra provincia. También, los tres poderes públicos convinieron 'articular... la operación del sistema a efectos de que, a partir de la fecha de suscripción, se tomen recaudos para asegurar un mínimo de escorrentía permanente sobre el río Atuel en el límite interprovincial, hasta la concreción de puesta en marcha de las obras previstas en las cláusulas cuarta y sexta (inciso K de la cláusula décima)".

"Desde aquella fecha mucha agua ha circulado bajo los puentes (en territorio mendocino), pero prácticamente ni una sola gota en La Pampa, en tanto que el convenio citado sólo fue ratificado por nuestra provincia", subrayó la institución.

Sobre la conducta de Mendoza dijo que "se remitió a un ejercicio político tipo 'gran bonete', eludiendo las responsabilidades de tratamiento legislativo y, por ende su ratificación o no, en tanto que desde el Poder Ejecutivo Nacional no se conocen actuaciones ante esa provincia por el no cumplimiento de la cláusula referida a la suelta de agua".

La pelea judicial.

La Fundación Chadileuvú manifestó en un comunicado que "fiel a su trayectoria y al mandato de las personalidades e instituciones que fundamentaron su accionar, no sólo ha expresado en diversas oportunidades su preocupación, sino que también emprendió acciones concretas relativas al logro de un escurrimiento permanente del Atuel en La Pampa".

Entre esas acciones figuran un planteo ante la Corte Suprema de Justicia -junto a la asociación civil Alihuen- para que convoque a audiencia a La Pampa, Mendoza, la Defensoría del Pueblo de la Nación y a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a efectos de establecer las acciones concretas que deberían adoptarse para que cese en forma inmediata el daño ambiental colectivo generado en la provincia; como así también garantizar el caudal fluvioecológico mínimo en el curso inferior del Atuel hasta tanto se concreten lo firmado.

Más recientemente, la Fundación inició un juicio contra Mendoza y el Estado Nacional ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, con sede en Costa Rica, que contó "con el apoyo documental y el compromiso logístico" de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia.