En el primer caso, el diputado provincial Pablo Farías (GEN) señaló que “el Gobierno militariza el conflicto pesquero con el envío de 800 prefectos”.

Al entrevistarlo en la 99.9 y requerirle precisiones sobre el particular, manifestó, balbuceante, que él no podía saber cuántos prefectos eran los que estaban, al tiempo que abundó en que no se puede pretender que la clase política defienda a “empresarios corruptos”. Le pedí que identificara a los corruptos, y retornó al balbuceo para pasar a exigirme a mí que los identificara, lo que llevó a la paradoja de que el afirmante de la cuestión dolosa pretendiera que sostuviese por él lo dicho. Frívolo y poco serio.

La otra situación que luce como una burla a quien esté atento a lo que ocurre surge de la boca de la ex concejal hoy reconvertida a vecinalista Cristina Coria, quien muy campante afirma en gacetilla pegada y cortada prolijamente en medios locales que “antes de poner en marcha la nueva normativa, se tendría que haber previsto qué ocurriría con las fachadas”. Subraya que “buena parte de la ciudad, y sobre todo la zona céntrica, tienen construcciones muy viejas que no fueron mantenidas por estar detrás de los carteles”. Coria era concejal en 2008 cuando comenzó a debatirse esta ordenanza. Corría 1998 cuando en este medio ya señalábamos el problema de ser una ciudad oculta tras los carteles, y que la polución visual le quitaba mérito y calidad estética a Mar del Plata. ¿Catorce años les tomó darse cuenta? Es obvio que detrás de los carteles hay mugre, cablerío fuera de norma, equipos de aire acondicionado que estaban ocultos, etc. Subirse a una crítica menor, de aquellos que, afectados por la norma, no alcanzan a visualizar el conjunto, no ayuda, sólo da un pequeño momento de visibilidad mediática que, harto comprobado está, no lleva a ningún lugar.

Tan frívolo y poco serio es todo, que el conflicto provocado por el SIMAPE sigue, en tanto se multiplican actores y medradores de variado pelaje. Por caso, las pobres personas que en tanto fileteros hambreados fueron arrojados por sus patrones disfrazados de cooperativistas. Según revela Patagoniafishing, el esquema que tiene sometido al Frigorífico del Sudeste es la consecuencia de la defección de Jorge Piedrabuena, quien les dijo a los trabajadores que no tenía dinero para pagarles, y que debían ir a reclamarle a Luis Caputo, propietario de Taturiello SA, para quien habían cortado pescado durante todo este tiempo. Caputo reconoció su relación con la cooperativa, pero abonó sólo una parte de la indemnización que les correspondía: $2.000 pesos. “El resto se lo tienen que pedir a Mardi, Sud Este y Ártico”, dejándolos así librados a mejor suerte.

Ninguna autoridad parece conmoverse, ni por los desposeídos, unos 115 fileteros, ni por los dueños de las empresas sometidas a sitio con quema de gomas incluida. Demasiado frívolo, excesivamente poco serio.