El consenso está cada vez más cerca, pero el plano de la comunicación parece enturbiar los avances políticos que permitan destrabar el conflicto originado en la toma del barrio Smata.

Ayer a la tarde, el subsecretario de Desarrollo Social, Rubén Dieguez, mantuvo un encuentro con el defensor oficial y representante de los ocupantes, Diego Araujo, en el que cotejaron datos sobre las personas que estarían en condiciones de firmar los convenios para recibir las casas prefabricadas.

Ese eslabón se sumó en las últimas horas a la prolongada novela que tiene pendientes a 16 familias, cuando llega el epílogo del diferendo, según coinciden ambas partes, el Ejecutivo y Araujo.

Pero en el marco del acercamiento, un elemento parece constituirse como obstáculo: las declaraciones periodísticas.

El jefe de gabinete, Juan Pablo Frolik, salió a repartir munición gruesa contra Carlos Mansilla, asesor letrado de la agrupación "Mujeres sin Techo", la ONG que pretende participación activa en los acuerdos, mientras la administración Lunghi le niega invitación.

El referente radical puso en blanco sobre negro su relato sobre las alternativas que sigue este complejo conflicto.

"La idea original era reunirme con las familias de Smata para saber quiénes eran, analizar la situación particular de cada una y ver si encuadran en la situación de emergencia habitacional, tal lo comprometido con Nación y Provincia", introdujo.

Al trazar un balance de las distintas reuniones, dijo el funcionario comunal que hubo un acuerdo en la figura del comodato irrevocable mientras concluyan los planos de subdivisión, para luego transformarlo en una adjudicación definitiva.

Los plazos -añadió- "no dependen de la Municipalidad sino de organismos bonaerenses como Catastro, Registro de la Propiedad del Inmueble", subrayó.

Tras la audiencia del lunes, no hubo consenso sobre "el mientras tanto, hasta que se construyan las viviendas. En principio eran 49 las viviendas tomadas en Smata, hoy quedan 16, los otros 30 y pico de casos se solucionaron a través de Desarrollo Social".

Ahora el Ejecutivo propone el mismo esquema de alquileres, pues "es sumamente inconveniente que las familias sigan viviendo en ese lugar, donde las casas están inhabitables. Por eso no convalidamos la ocupación ilegítima a través de otorgar servicios como luz o agua".

Al defender la alternativa del pago de alquiler, Frolik destacó a Araujo como único interlocutor válido de las familias, para luego cargar con dureza sobre Mansilla.

Al Gobierno le molestaron los dichos publicados por la prensa donde "informan cosas contrarias a lo sucedido en la reunión".

En dirección al concejal mandato cumplido, Frolik le adjudicó "intencionalidad política" para "oscurecer la situación", exteriorizó al programa "Cada Mañana", de AM 1560.

"Este es un acuerdo de Nación, Provincia y municipio, él está en otro espacio político, como el Peronismo Federal, opositor a las tres esferas de Gobierno. Entiendo que Mansilla quiere que este conflicto se prolongue para que no haya acuerdo ni solución", argumentó.

Insistió el abogado lunghista que "dadas las versiones periodisticas, lo tomo como único interlocutor legal por conocer las causas en trámite", esbozó sobre Araujo.

Finalmente, Frolik manifestó: "no voy a aceptar que se brinden informaciones que no surjan del doctor Araujo, porque veo que hay cierta intencionalidad política en lo que se transmite a la opinión pública, principalmente a partir del ex concejal Mansilla".

El Convenio

Acerca del acto compromiso que pende de la firma de los involucrados, se concluyó en tres puntos centrales, el primero de ellos alude a que el municipio se compromete a entregar a la familia, una de las viviendas industrializadas que se aportarán de acuerdo al compromiso mencionado precedentemente. La entrega se efectuará bajo la modalidad establecida en el modelo de convenio que se adjunta al presente como anexo de conformidad con todas y cada una de sus cláusulas, el que será debidamente suscripto al momento de la entrega de la vivienda.

La segunda cláusula esgrime que a los fines establecidos en la cláusula precedente el municipio se compromete a realizar las gestiones pertinentes para que la entrega de las viviendas sean realizadas a la mayor brevedad posible.

La tercera, se indica que el municipio, atento la situación de emergencia habitacional de la familia que suscribe el presente, se compromete a arbitrar los medios necesarios para procurar una solución habitacional transitoria, hasta tanto se haga efectivo el traslado de la familia a una de las viviendas industrializada que de acuerdo al compromiso mencionado anteriormente van a ser aportados para dar solución a la problemática existente, circunstancia que será considerada por la familia.