El Concejo Deliberante de Santa Rosa aprobó ayer por mayoría pagarle $121.235,50 a la Caja de Previsión Profesional de La Pampa por alquileres adeudados del ex Molino Werner. El bloque de concejales del Partido Justicialista rechazó el convenio de pago y puso en duda que se haya arribado al “mejor acuerdo”. A pesar de la negativa del PJ, el proyecto fue aprobado porque el FrePam cuenta con mayoría propia en el recinto.

Desde octubre de 2009 a la fecha la Municipalidad de Santa Rosa no venía pagando el alquiler de las instalaciones del ex Molino Werner. La Caja de Previsión Profesional, dueña del edificio, inició un reclamo judicial. El pasado 4 de agosto se firmó un convenio de pago por la deuda. El acuerdo corresponde al alquiler del ex Molino Werner y su fin es regularizar los alquileres adeudados y conciliar los intereses de las partes en el expediente judicial iniciado por la mencionada Caja. De esta manera, se conviene en abonar un alquiler mensual de $ 5.000 más los intereses correspondientes devengados, calculados conforme tasa mix del Banco de La Pampa. La suma total a abonar asciende a $ 121.235,50.

También se acordó que la comuna desocupará el inmueble en cuestión el día 31 de agosto de 2011, libre de toda persona y/o cosa.

Durante la sesión de ayer, el concejal del PJ Eduardo Molteni fundamentó el no acompañamiento en la aprobación del convenio por la “forma unilateral en la que se manejó el Ejecutivo”, dijo. “Deberían habernos elevado el acuerdo de pago para que nosotros no hagamos de escribanía y firmemos lo que ellos realizaron”. Dijo que dada la falta de consulta “podemos dudar que este no es el mejor acuerdo” y que “hasta por una cuestión de forma se debería haber compartido con el Concejo”.

Casas

En la sesión de ayer se aprobó por unanimidad un proyecto de resolución del bloque del PJ mediante el cual solicita al IPAV la posibilidad de que en futuras adjudicaciones de viviendas contemple un cupo para personas de la tercera edad que carezcan de viviendas. La concejala del PJ Sulma Valenzuela solicitó lectura de fundamentos y tratamiento sobre tablas del proyecto que destaca que “las personas de la tercera edad, sin vivienda, conforman uno de los grupos más vulnerables dentro de nuestra sociedad” y que “en muchos casos, por problemas económicos se ven desarraigados de su entorno familiar”. Se solicita también que “en algunos casos se debería tener en cuenta que las viviendas a ser adjudicadas deberían estar adaptadas a las necesidades físicas de dichas personas” y considera que el IPAV es el “organismo más idóneo para solucionar esta problemática”.