El proyecto se aprobó por mayoría, con el apoyo de la bancada del PJ y un Frepam dividido. Aavalaron el proyecto los ediles Leandro Altolaguirre, Sara Alonso y Cristina Requejo.

La concejala Alicia Iribarren -del Partido del Frente-, Gastón Massari Copes, Marcos Cuelle y Guillermo Di Liscia votaron en contra. El argumento de estos concejales es que el nuevo organigrama significa dejar de lado las políticas de género, ambientalista y sociales, ejes de la gestión de Torroba, que consideran políticas de estado.

Los frepamistas que votaron positivamente tienen otra visión. “El organigrama no hace a la política, hace al funcionamiento. Y la impronta de la gestión la dan las personas”, confió uno de ellos a El Diario. La aprobación del proyecto del nuevo organigrama fue un pedido del intendente electo, Luis Larrañaga.

Reorganizó la grilla de funcionarios en cinco secretarias (Gobierno, Hacienda, Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Local y Cutura y Derechos Humanos y Sociales) y reagrupó debajo de ellas a diferentes direcciones, algunas con cambios de denominación.

El intendente Francisco Torroba se había comprometido a la aprobación del nuevo esquema. Las negociaciones y concilíabulos entre los frepamistas se desarrollaron hasta hasta último momento. Se aprobó a las 1.30 horas.

"Nunca menos"

La concejala Alicia Iribarren fue la primera en fundamentar su voto negativo. Cuestionó la "invisibilidad de la temática de género" en el nuevo organigrama y defendió la política implementada durante la gestión de Torroba, con la prohibición de los cabarets como ariete, como "una transformación medular".

"No es poca cosa, no podemos dejarlo pasar. La obligación es seguir en el mismo camino", alertó. Y dijo que "las referencias (a la cuestión de género) son volátiles" y también quedan degradadas las áreas ambientalistas y vecinalistas en el nuevo organigrama de funciones. "Nunca menos", reclamó.

El socialista Guillermo Di Liscia acusó de votar "sin fundamento" al nuevo organigrama. "Algunos porque no los tienen y otros porque tienen vergüenza", disparó.

"Los casilleros se han repartido en base al reparte preelectoral y no en base a un programa", fustigó al proyecto. "No siento ninguna obligación, esto debería votarlo el próximo Concejo", opinó.

Luego hizo criticas puntuales al nuevo ordenamiento. Cuestionó que el área de Comunicación ahora se llamará de Propaganda ("Vamos a tener un mini canal 3") y que desaparecen reparticiones ambientales y de economía solidaria. También aconsejó a Larrañaga "la creación de la oficina de los arreglos" inmobiliarios y la de "recorridos inflados", en alusión al edificio que construyó el empresario violando el código urbanístico y a la causa que involucra a la empresa El Indio y al ex intendente Néstor Alcala y alguno de sus colaboradores.

Por su parte, el concejal Gastón Massari Copes consideró que a los compañeros de bancada que levantaron la mano "les falta un elemento, coherencia", porque recordó que cuando el ex intedente destituido Juan Carlos Tierno forzó un cambio del organigrama, al inicio de su trunca gestión, habían pedido participar de la discusión.

"Hay perversidad en esta práctica. Hay doce concejales entrantes, a ellos les compete opinar", estimó, por otra parte. Y sostuvo que "el organigrama es mucho más que una herramienta administrativa, trasluce cuáles son los pasos a seguir, marcan un camino. Es una herramienta profundamente política".

Una herramienta

El voto afirmativo del bloque del PJ tuvo como vocera a la concejala Silvia Faidutti. "Es la herramienta que necesita la nueva gestión, no es una plataforma política ni un plan de gobierno. No podemos condenar a lo que recién va a empezar el 10 de diciembre", dijo.

De los tres disidentes del Frepam, Leandro Altolaguirre, Sara Alonso y Cristina Requejo, solo esta última hizo una breve fundamentación del voto. "Comparto el 90% de las objeciones", aclaró. Pero sostuvo que "corresponde darle la herramienta a las nuevas autoridades para funcionar. Cuando estén andando, en movimiento, se verá si las objeciones se hacen realidad", argumentó.

"Las normas siguen vigentes, no hay una ruptura el 10 de diciembre, y estoy convencida de que continuarán porque son políticas de estado", indicó, sobre la falta de referencias a las cuestiones de género, ambientales y sociales en el proyecto aprobado.