Germán Moldes se transformó en las últimos días en protagonista de la mayoría de las miradas del Poder Judicial y del mundo político. Como fiscal general ante la Cámara Federal, deberá emitir un dictamen en la investigación por la denuncia de encubrimiento que realizó Alberto Nisman antes de su muerte. Su firma es clave para sostener la apelación de su colega de primera instancia Germán Pollicita, como paso previo a la decisión de la Sala I de la Cámara Federal. Si Moldes rechaza el requerimiento de instrucción, el caso se cae.

La semana pasada el kirchnerismo pidió que Moldes se aparte del caso por su participación en la movilización del 18 de febrero. Una versión periodística publicada por La Nación informó, además, que presuntos emisarios del Poder Ejecutivo le ofrecieron un cargo para su hijo a cambio de un dictamen beneficioso para el Gobierno. Hasta hoy se creía que las presiones que había recibido eran sólo políticas, pero desde el Frente Renovador introdujeron un dato inquietante sobre su seguridad física. "No queremos que a Gils Carbó y al Poder Ejecutivo se le vuelva a morir un fiscal entre sus brazos", planteó el diputado provincial Mauricio D'Alessandro.

"Pedimos seguridad especial para el fiscal Moldes porque tiene que sostener el recurso de Pollicita en la causa Nisman. Todas las presiones y todos los aprietes que recibió merecen que pongamos atención. Hoy Moldes es el fiscal que debe entender todas las causas que son sensibles para el Poder Ejecutivo", explicó el diputado del Frente Renovador.

Un recurso presentado por D'Alessandro mantiene paralizada la designación de fiscales que había realizado la procuradora general Alejandra Gils Carbó en el último día hábil del año pasado. Entre los nominados se encuentran Miguel Osorio y Miguel Palazzini en fiscalías generales por donde pasan todos los casos de corrupción contra funcionarios. Estos letrados fueron señalados por la oposición como "cercanos al Gobierno". Las vacantes hoy son subrrogadas por Moldes.

La preocupación del Frente Renovador sobre la seguridad de los miembros de la Justicia se da en un momento álgido en la relación entre los magistrados federales y el Ejecutivo. El periodista Hugo Alconada Mon informó el domingo que el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, negocia una "tregua" en nombre de la Presidente. El objetivo es sellar una transición ordenada hasta el 10 de diciembre.

D'Alessandro cree que es muy difícil negociar este tipo de entendimientos por la horizontalidad del Poder Judicial. Resaltó que un acuerdo con ese objetivo sería ilegal y obligaría a la Corte Suprema a forzar su intervención para dar vuelta sentencias de primera y segunda instancia.