Con la presencia del ex gobernador Roberto Iglesias, los intendentes Víctor Fayad, Mario Abed, Alfredo Cornejo y Eduardo Giner,los senadores Ernesto Sanz y Laura Montero; los diputados nacionales Sergio Pinto, Ricardo Manzur y Enrique Thomas y los presidentes de la UCR, César Biffi, y del Confe, Juan Carlos Jaliff, entre otros dirigentes, el Frente Cívico pidió al gobernador Celso Jaque que endurezca su postura frente al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

A treinta días de la solicitud no respondida de audiencia del mandatario mendocino a la Presidenta de la Nación, una semana después de que autoridades de la UCR y el PJ acordaran "no utilizar en provecho propio el tema de la promoción industrial" y 24 horas después del encuentro de la Presidenta con los distanciados gobernadores del Nuevo Cuyo por temas vitivinícolas, el Frente Cívico reclamó a Jaque que "peticione al máximo tribunal de la Nación que convoque a una audiencia de conciliación de las partes con la finalidad de arribar a una solución que resguarde los intereses de nuestra Provincia".

Además, le solicitó que revitalice la instancia de negociación política "negada por la soberbia y la discrecionalidad del kirchnerismo y a nuestro entender reclamada tímidamente por el Gobierno provincial".

En una carta pública dirigida al mandatario mendocino, el Frente Cívico entendió que "esa instancia (política) será de suma utilidad para expresar nuestros sólidos argumentos jurídicos, económicos y geopolíticos, además de mostrar la cohesión de nuestra provincia" y ofreció para esa instancia "la presencia de nuestra representación acompañando a las autoridades correspondientes".

El documento destacó que "a pesar del desprecio y desinterés evidenciado por la Presidencia de la Nación con las autoridades y pueblo de Mendoza, nuestro gobierno debe buscar la vía para obligar al Ejecutivo federal a discutir con la Provincia la necesidad de encontrar la solución".

El Frente Cívico Federal ratificó su "más enérgico repudio al nuevo régimen de promoción industrial implementado por el Gobierno Nacional", al tiempo que destacó que "en defensa de los derechos de los mendocinos y, sin ambigüedades, hemos acompañado al señor Gobernador en todas las acciones que el órgano Ejecutivo provincial ha emprendido para revertir el decreto 699/10 que, a juicio de todos, traerá como consecuencia menos inversiones, menos actividad económica, más desempleo y más pobreza".

Y subrayó que "el control que ejercerá en este caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación comporta una función política en el más elevado sentido del vocablo" ya que "se encuentran en juego intereses no sólo de nuestra provincia sino también de provincias vecinas y de la Nación misma".

Por tanto solicitan al Gobernador "que instruya al señor asesor de gobierno a los fines de que en el proceso radicado (ante la Corte) peticione al máximo tribunal una audiencia de conciliación de las partes".