La Jefa municipal había sido sancionada por el Concejo por no remitir los últimos dos balances de su gestión. Ayer, en otra causa, una docena de vecinos ratificó un pedido de juicio político contra la titular del Ejecutivo comunal por malversación de fondos.
De todas maneras, la medida de no innovar se hará efectiva hasta que se resuelva la cuestión de fondo, es decir la suspensión. Sin embargo, los plazos judiciales concluirán en forma posterior a la fecha prevista como último día de sanción, por lo que el resultado final será abstracto y sólo servirá como antecedente para las partes en disputa.
El pasado 27 de septiembre el Concejo municipal resolvió suspender a Escalante por 25 días en sus funciones por no presentar los últimos dos balances semestrales de su gestión (el segundo de 2009 y el primero de 2010). La sanción llegó luego de que los concejales esperaran en vano en nueve oportunidades en que la citaron para escuchar los argumentos por la falta de envío de los expedientes financieros.
Un día después, el 28 de septiembre, la viceintendente, María de las Mercedes Medina, tomó las riendas del poblado ubicado a una veintena de kilómetros de Capital. Mientras tanto, Escalante recurrió al STJ para que frenara la suspensión.
El plazo de suspensión de la Intendente comenzó a correr el 27 de septiembre y se extendía al 21 de octubre próximo, por lo que la Corte provincial consideró que ese término se extinguiría antes de dictarse el fallo principal. En ese sentido, resolvió hacer lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada para evitar que la sentencia no pueda ser cumplida y el derecho fuera protegido.
Vuelta de página, otra polémica
Casi en forma simultánea a la decisión del STJ, el Concejo Municipal de Santa Ana realizó ayer una nueva sesión. En dicho encuentro parlamentario, una docena de vecinos del poblado reconoció su firma y ratificó una denuncia contra Escalante por presunta malversación de fondos, y solicitaron su juicio político.
Es que 12 habitantes de la tradicional localidad presentaron, la semana pasada, documentaciones que contradicen el informe de Escalante sobre el destino de los montos girados a Santa Ana por el Fondo Federal Solidario, conocido vulgarmente como “Fondo Sojero”.
Según se desprende de los informes de la Intendente, se habrían concretado obras que, de acuerdo a la denuncia de los vecinos, nunca se realizaron.
“El próximo paso es conformar una comisión investigadora y avanzar en el proceso de juicio político, si fuera necesario”, apuntó la concejal Laura Cabrera.
La edil comentó que más allá de que la suspensión a Escalante fuera interrumpida por el STJ, cuando el máximo órgano de la Justicia resuelva sobre la cuestión de fondo, su decisión permitirá al cuerpo sumar un antecedente más contra la Intendente si finalmente encuentran pruebas suficientes para concretar el juicio político.
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