La puesta en marcha de la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima, Emesa, retoma fuerza dentro del nuevo escenario nacional hidrocarburífero que se generó tras la nacionalización de 51 por ciento de las acciones de YPF, y si bien desde la oposición cuestionan el objetivo que tiene esta nueva entidad, el oficialismo argumenta que la demora en su funcionamiento puede frenar beneficios económicos para Mendoza. Las firmas que ganen la adjudicación de explotación de áreas petrolíferas están obligadas a asociarse con la Emesa, lo que asegurará más ingresos en las arcas públicas de Mendoza. Se supone que ningún sector político partidario estaría en contra.

Ocurre que el radicalismo sostiene que el decreto nacional 1.277, que reglamentó a la Ley de Soberanía Hidrocarburífera 26.741, avanza en la potestad de las provincias productoras, como Mendoza, al crear una comisión con amplios poderes que está constituida por funcionario nacionales, y que de esta forma hay que retomar la discusión sobre la autonomía que tendrá la Emesa.

Este argumento le sirve a la Unión Cívica Radical para profundizar disidencias en la Legislatura provincial, donde se estudia un borrador del estatuto de la Emesa, pieza fundamental para que la compañía se ponga en marcha. Así lo confirmó el fin de semana uno de los legisladores radicales que integra la Comisión de Hidrocarburos, el senador Sergio Moralejo. La oposición debe hacer los aportes para que el estatuto de la Emesa cuente con el necesario aval legislativo, lo que fue acordado cuando se discutió la creación de esta empresa.

Pero desde el oficialismo no se hicieron esperar para retomar la embestida de apurar la puesta en marcha de la Emesa, ya que fundamentan que entre, otras ventajas, la Empresa de Energía garantizará fondos, según ha quedado establecido en los pliegos de la tercera ronda licitatoria. La semana pasada, se abrieron las ofertas para once de las doce áreas petroleras, y el monto de inversiones en exploraciones es de 90 millones de dólares, según estimó el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso. En el pliego de bases y condiciones para exploración y eventual explotación de hidrocarburos en áreas de la provincia de Mendoza está expresada esta ventaja para el Estado local en los puntos 26.25.2 y 26.25.3.

El primer punto dice: "La Empresa Mendocina de Energía será co-titular de/los permiso/s de exploración y de la/s eventual/es concesión/es de explotación sobre la/s área/s oportunamente adjudicadas, para lo cual el adjudicatario expresamente acepta la constitución, con la Empresa Mendocina de Energía, de una Unión Transitoria de Empresas (UTE), la cual deberá quedar conformada en un plazo máximo de noventa (90) días hábiles desde la vigencia de la Ley Provincial que cree la Empresa Mendocina de Energía, debiendo presentar ante la Autoridad de Aplicación, su inscripción por ante el Registro Público de Comercio, dependiente de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Mendoza. El incumplimiento de la asociación indicada en la forma mencionada, dará pleno derecho a la Provincia, a dejar sin efecto la adjudicación del permiso de exploración y/o eventual concesión de explotación".

Y luego se agrega: "La Empresa Mendocina de Energía tendrá un diez por ciento (10%) de participación en el Contrato de UTE que se conforme y el mismo porcentaje como Permisionaria y/o Concesionaria de la/s área/s. A sus efectos y una vez incorporada la cesión del porcentaje indicado, deberá instruirse a la Escribanía General de Gobierno, a efectos de que realice los actos necesarios para la toma de razón de la cesión, que la creación de la Empresa Mendocina de Energía produzca respecto de los derechos en el permiso de exploración y/o eventual concesión de explotación de las áreas que sean adjudicadas mediante el presente proceso licitatorio".

"Ahora, esta participación beneficiará a Mendoza si tenemos en funcionamiento la Empresa de Energía, no si se demoran los pasos necesarios para que empiece a funcionar", comentó el senador del bloque oficialista Fernando Simón, quien preside la Comisión de Hidrocarburos en la Cámara Alta. Con respecto a los pliegos de licitación para la exploración y explotación de áreas petroleras, estos fueron redactados durante la gestión del gobernador Celso Jaque, y cuando el ministro de Infraestructura era el actual mandatario, Francisco Pérez.

La idea de quienes pergeñaron estos pliegos fue que la presión política de ser parte del negocio petrolero pasara por la Legislatura, y de esta forma forzar a la oposición a que se definiera ante esta ventaja para el Estado, o si en las rencillas políticas se desperdiciaba el tiempo necesario para que la Provincia genere una nueva boca de cobro. Esta razón es la que blanden desde el Ejecutivo y el oficialismo en la Casa de las Leyes, para no entorpecer el trámite de que el estatuto de la Emesa salga lo antes posible.

Cuando Francisco Pérez solicitaba a la Legislatura la pronta aprobación de la Emesa, lo que finalmente sucedió el 30 de mayo, el mandatario expresaba que Mendoza necesitaba de esta institución para quedar en igualdad de condiciones con las demás provincias integrantes de la Ofephi (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos), las que cuentan con una empresa de energía y se asocian con las petroleras que realizan inversiones. "La diferencia es ser sólo controlador de empresas petroleras o también ser socios", analizó Simón.

Con respecto a la tercera ronda licitatoria, con la presentación de las ofertas económicas que se realizó hace una semana se avanzó en un proceso licitatorio que comenzó en setiembre del 2011 con la apertura del sobre A, que contenía los antecedentes técnicos de los oferentes. Ahora, una comisión conformada por abogados, ingenieros en petróleo y contadores se encargará de evaluar las propuestas y se estima que en 40 días, aproximadamente, podrán conocerse los resultados. Pero, en el Gobierno, saben que siendo muy eficientes y sorteando todos los obstáculos que se podrían presentar, la adjudicación de las áreas se podría dar en 60 días.

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Municipios, acciones y el directorio

Con respecto al estatuto de la Empresa de Energía, el senador Fernando Simón explicó dos incorporaciones hechas de mano propia por el Ejecutivo, ya que la mayor parte de su redacción está muy acotada a lo que dicta la ley de sociedades. Uno de los ítems tiene una clara intencionalidad política y tiene que ver con quién nombra a uno de los cinco directores que tendrá la compañía, ya que será elegido por los municipios que adhieran a la Emesa.

Los accionistas, según lo establece su marco normativo, se compone de la siguiente manera según indica el artículo 2: "El Estado provincial, que será titular de noventa por ciento (90%) del Capital Societario. Los Municipios que voluntariamente la conformen, los que serán titulares de diez por ciento (10%) del Capital Societario". El otro punto tiene una proyección sobre las ganancias de la empresa, lo que se verá en un futuro, ya que, sobre las acciones disponibles para comercializar –que serán sólo el 19 por ciento– se ha pensado que tengan derechos sobre la rentabilidad, para hacer más atractivo el ingreso de socios privados.

Por otro lado, el ministro de Infraestructura Rolando Baldasso precisó ayer que en el Ejecutivo tienen en estudio los currículum de tres personas que podrían llegar a ocupar uno de los cinco cargos de director en la Empresa de Energía. Baldasso no adelantó cuáles son esos nombres, tampoco le dio mucha relevancia al rumor surgido de que Alejandro Neme, director de Distrocuyo, podía ser propuesto como presidente de la empresa. "Primero estamos pensando en el estatuto", aclaró el funcionario.