De acuerdo a lo señalado por el legislador Ramiro González Navarro, la Legislatura no avalará la destrucción de la estructura puesto que existe un acta compromiso para respetar su conservación. El Colegio de Arquitectos propuso la creación de un corredor histórico.
En este sentido, durante la jornada de ayer, el secretario de la Legislatura Juan Antonio Ruiz Olivares en compañía del también alperovista Ramiro González Navarro, se reunieron con los referentes del Colegio de Arquitectos de Tucumán, Juan Ramazzotti y José Luis Fernández, presidente y vocal, respectivamente, de la institución.
Durante el encuentro, los profesionales les plantearon a los funcionarios la preocupación latente por el futuro del edificio en cuestión, por tal motivo, se les indicó que la norma no será considerada por el cuerpo, ya que existe un acta compromiso, firmada ante la justicia, por la Cámara, y la Comisión de Patrimonio, donde la Legislatura se compromete a respetar el edificio y en base a ello se elaboró un anteproyecto.
Al respecto, de acuerdo a lo señalado por Ramazziotti, desde el CAT se determinó elaborar a la brevedad una propuesta orientada a la realización de una serie de concursos a concretar en diversas etapas para refuncionalizar y revitalizar estos espacios.
Asimismo, otra de las ideas que se trazaron en la reunión se relacionó con la afectación del edificio de la Brigada dentro de los parámetros establecidos por la Ley nacional 26.691 para reconvertir las estructuras que funcionaron como centros de detencion clandestinos en la época de la dictadura, en los denominados "sitios de la memoria" y de esta forma avanzar en la preservación de los mismos. Esta postura fue expuesta por González Navarro ya que elaboró un borrador que contiene los lineamientos para que la provincia adhiera a la normativa nacional.
En tanto, se expuso también la necesidad de crear un corredor de revalorización histórica en el sector de la avenida Sarmiento comprendido entre calle 25 de Mayo y avenida Salta, que incluye edificios como el teatro San Martín, la ex Legislatura y el hotel Savoy, además del Colegio Nacional, la actual Secretaría de Educación y el Arzobispado.
Además, se habló de los trabajos a efectuar en el edificio de la ex Legislatura, en Sarmiento 655, que se pretende recuperar integralmente para restituirlo a su estado original y para ello se invitó a los arquitectos a participar en aras de que el CAT se encargue del llamado a licitación para efectuar los trabajos atinentes.
Una polémica de hace 10 años que dirimió la justicia
El artículo tres de la Ley 6.958 que pretendía ser modificada por Terán y Gutiérrez se sancionó hace más de una década, tras una polémica por el destino del edificio que ocupaba la ex Brigada de Investigaciones.
En principio, el proyecto para construir una nueva Legislatura incluía la demolición total del edificio construido a principios del siglo XX por el arquitecto belga Alberto Pelsmaekers, en un conjunto estilístico que complementaba el diseño de las comisarías Segunda y Tercera.
La discusión se extendió a los tribunales y el ex juez federal subrogante Mario Racedo llegó a prohibir, mediante una medida cautelar, que se tocara cualquier parte de la ex Brigada en una causa iniciada por la Federación Económica de Tucumán y la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán.
La Cámara Federal de Apelaciones modificó, luego, la decisión del juez de primera instancia y autorizó el nuevo destino, pero limitando el terreno.
Tras varias audiencias de conciliación, se consensuó que un sector debía ser objeto de preservación por su valor histórico.
Los camaristas determinaron que no se podían alterar los treinta metros del frente situados sobre avenida Sarmiento y siete de profundidad sobre calle Muñecas.
La propuesta nunca obtuvo aceptación política y social
La Democracia Cristiana realizó un planteamiento en base al cual manifestó su total contrariedad a lo requerido por Terán y Gutiérrez. De acuerdo a lo señalado por el legislador de este espacio político, José Páez, el edificio posee un gran valor histórico- arquitectónico y cuenta con la sentencia dictada en una acción judicial tramitada por ante el Juzgado Federal N° 2, en mérito al valor cultural otorgado por ley nacional que consideró a San Miguel de Tucumán ciudad histórica, y a la ley nacional que crea los sitios de memoria.
"La iniciativa no debe prosperar por las razones expuestas, y todavía resta terminar la construcción del solar histórico en su contrafrente que da a Legislatura de Tucumán, que completará la obra cuyo valor se quiso preservar contando con el respaldo legislativo, judicial y de amplios sectores de la comunidad que se pronunciaron en tal sentido", consideró el parlamentario opositor.
A su vez, el concejal en representación del radicalismo, José Luis Avignone, estimó, en tono de ironía, que "hay que tener cuidado que los demás integrantes de la Legislatura y el Gobernador promulgue en caso positivo dicha decisión, porque estaríamos en presencia de la Compañía Legislativa de Demolición de todo lugar donde hayan funcionado estos horrendos centros de detención, sino que me digan donde irán los chicos a recibir educación como la famosa escuelita de Famaillá, de ser demolida", expuso el edil.
En igual sentido había asentado su postura la correligionaria Silvia Elías de Pérez, quien sostuvo que "no se puede elegir las porciones de la historia que nos gustan y eliminar las otras. No hay dudas de que un centro clandestino de detenciones no remite a ningún recuerdo agradable para la sociedad tucumana. Hay que resignificar ese edificio y hacer docencia para que lo que sucedió ahí no se repita nunca más".
En tanto, desde la Fundación Memorias e Identidades, también se repudió la idea esgrimida por los legisladores alperovistas, pues se indicó que "la realidad no se borra de un plumazo, y mucho menos, de un plumazo legislativo, que además, en una demostración de que no se ha entendido lo que esta democracia que vivimos ha sabido construir, usa el argumento del horror para justificar el derribo del edificio".
Solicitaron, en este sentido, que la Brigada no solo debe ser conservada sino acondicionada, en tanto Sitio de Memoria, para la realización de acontecimientos y actividades culturales, educativas y sociales.
Una normativa nacional preserva el valor del edificio
La Ley nacional 26.691 (promulgada el 27 de julio de 2011) declaró Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada la última dictadura militar.
En tal sentido, la norma dispone que el Poder Ejecutivo nacional garantizará la preservación de todos los Sitios a los fines de facilitar las investigaciones judiciales, como asimismo, para la preservación de la memoria de lo acontecido durante el terrorismo de Estado en nuestro país.
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