Luego de que se hiciera pública la situación de desamparo de Carlos Alberto Rosas, su esposa discapacitada y sus dos hijas, con el apoyo de los vecinos se frenó el desalojo de la vivienda del Plan Federal ubicada en Formosa 2070.

Tal como informara este Diario, el juez José Alberto Moragas había ordenado el desalojo para el jueves pasado, a partir de una demanda presentada por el secretario de Desarrollo Social.

Si bien las casas de Plan Federal no se pueden alquilar, vender o transferir, Rosas argumenta que adquirió el inmueble “de buena fe” a cambio de dos terrenos en Las Tunitas. Como prueba, aportó un documento de cesión de la propiedad en la que habita hace más de un año.

El hombre confirmó que “hice la denuncia de lo que pasó como es debido, porque yo no cometí ningún delito. Me trataron como que yo usurpé la casa; yo no la usurpé, la compré”.

Asesorado por abogados y por el secretario de Derechos Humanos de la CGT, Víctor Hugo Degó, el hombre presentó la documentación ante el juzgado y, en estado desesperante, aguardó hasta el jueves para ver si se cumplía el desalojo compulsivo.

Cerca de las 7.30, vecinos y agremiados a Sivara (Sindicato de Venderos Ambulantes) se presentaron en Formosa 2070 para apoyar a la familia de Rosas, quien se desempeña en ese rubro.

Pasadas varias horas, ya más tranquilo, Rosas valoró que “han tomado la situación de manera más humana” y adelantó que va a presentar todos los papeles para intentar demostrar que fue víctima de una estafa.

Aportarán la documentación

Por su parte, Víctor Degó indicó que “nos llegó la información que el señor Teruggi le ofreció al compañero Carlos una vivienda por tres meses, que le iban a pagar el alquiler y después se iban a fijar si lo podían seguir ayudando. Creo que esto no es una solución, porque mañana tenemos el mismo conflicto”.

El también secretario general de Sivara sostuvo que “esto es patear la pelota para adelante tres meses para encontrarnos con el mismo problema” y precisó que la propuesta llegó el mismo jueves por la mañana, después de la hora pautada para el desalojo.

El dirigente adelantó que planean realizar nuevas presentaciones, ya que no se trató de una usurpación porque no hubo violencia para ingresar a la casa. En este sentido, estimó que la Justicia deberá evaluar si el conflicto se traslada del ámbito penal al civil.

Y agregó que “lo que hay que dejar en claro es que una usurpación se establece el delito en el Código de Procedimiento Penal cuando se ejerce violencia para la entrada de la vivienda, cuando es por engaño, y esto no ocurrió en ningún momento con el señor Carlos Rosas”.

Degó explicó que “cuando Rosas hizo la cesión estaba ignorando que las viviendas del Plan Federal no se pueden ceder ni alquilar, y se está justamente luchando por eso. El en todo momento actuó de buena fe. Se trata de una estafa. Al que habría que ir a buscar es a la persona que le hizo este perjuicio”.

Para Degó, una suerte de “amparo social” logró frenar el desalojo del jueves, que había sido determinado dejando sin posibilidad a Rosas de presentar la documentación que contaba para acreditar su acceso a la casa.

Además, indicó que vecinos e integrantes de Sivara se acercaron a brindar apoyo psicológico ante una situación dramática, ya que la esposa de Rosas se encuentra el cama debido a un grave problema de cadera.

“Esta casa ya había sido sorteada”

Con respecto a los casos de usurpación que se registraron en La Movediza, en diálogo con El Eco de Tandil el intendente Miguel Lunghi distinguió el episodio de las tomas masivas de algunas aisladas que se registraron el año pasado.

“Nosotros fuimos muy claros con el Gobierno nacional, por eso nos pararon las obras (del Plan Federal). Nosotros no entregamos casas usurpadas ni firmamos absolutamente nada, y se cumplió todo lo que yo dije en la primera ocupación, cuando yo dije que no iba a ir a la Justicia penal, pero tampoco iba a legitimar la usurpación”.

En cuanto al desalojo de Carlos Rosas, aclaró que se trata de una casa usurpada después a la toma masiva de diciembre de 2010. “En este caso es posterior y tenía un dueño, y el que empieza la demanda es el adjudicatario, a quien le tenían que entregar la casa”, manifestó.

Y reiteró que su postura le ocasionó diferencias con el subsecretario de Desarrollo Humano y Vivienda de la Nación Luis Bontempo, porque “le dije que Tandil no aceptaba convalidar la usurpación porque nos parece que estamos fuera de todo lo que es la Constitución y la ley”.

En cambio, “esta casa ya había sido sorteada y entregada, y la persona empieza la demanda para que se la devuelvan”.