Fraude a la administración pública: Funcionarios del Banco al banquillo de los acusados

A Ricci, Lafeuillade y Fuertes una fiscal los considera participes de “un fraude a la administración pública” al autorizar en agosto de 2008 dos créditos a la firma pesquera Barilari, de Comodoro Rivadavia, en un préstamo cuyo monto total ascendería a los 2.400.000 pesos.
En la misma causa está implicado el expresidente del Banco Carlos García Lorea, de quien se dice que podrían declarar en “rebeldía” y mandar a buscar con la policía a Buenos Aires, si no se presenta cuando sea nuevamente citado a la Oficina Judicial de Rawson, para que al igual que como lo hicieran en su momento con los otros imputados pidan la apertura de una investigación penal en su contra también por “el caso Barilari”. Esa audiencia podría realizarse entre la segunda y tercera semana de noviembre.

García Lorea, amigo intimo del exgobernador Mario Das Neves, no se presentó el lunes 22 de octubre ante la jueza de Garantías Ivana González y justificando esa ausencia mandó a través de un correo electrónico a su abogado un certificado médico aduciendo que se encontraba padeciendo “una alergia”, la magistrada ordenó mediante exhorto que médicos de la Justicia porteña fueran a revisarlo a su domicilio y ahora están esperando los resultados de esa diligencia para poner fecha a la nueva citación que le harán.

Al expresidente del Banco del Chubut durante el gobierno de Mario Das Neves le atribuyen prácticamente los mismos delitos de los que fueron acusados Ricci, Lafeuillade y Fuertes, aunque dicen en la fiscalía que piensan “ampliar la imputación” contra él y agregar la comisión de otros posibles delitos.

El caso Barilari se remonta a agosto de 2008 cuando la empresa atravesaba una situación financiera que luego desembocó en un concurso preventivo. En la investigación penal se hace alusión a un informe de riesgo del 11 de julio del 2008 donde se detallaba la situación económica de la firma y se decía que no era aconsejable el otorgamiento de créditos bancarios.

La denuncia de los presuntos hechos de corrupción beneficiando a una empresa que estaba quebrada y que por esa razón nunca podría devolverle al Banco el dinero prestado fue realizada por los entonces diputados provinciales del radicalismo, Roberto Risso, Carlos Lorenzo y Marta Raso.

Para la fiscal, se trató de maniobras “intencionalmente dirigidas a concretar una administración infiel del Banco”, que colocaron a la institución “en una situación de imposibilidad de recuperar los créditos ilegítimamente otorgados a Barilari, con el consiguiente perjuicio patrimonial”.

Comentá la nota