La causa tuvo su origen en una denuncia administrativa presentada por el ex decano interino de esa unidad académica, Jorge Barral, el 1º de abril de 2008, durante una sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional. Allí, el directivo expuso supuestas irregularidades en nueve protocolos de trabajo que vinculaban a la Fundación Universidad Nacional de Río Cuarto con la Facultad de Ingeniería y con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).

Barral centró su denuncia en tres ejes: que no todo el personal afectado pertenecía a la Facultad como debería ser; que no se retuvo el 20% de los fondos para la Universidad sobre un paquete general de casi 4 millones de pesos que insumía el plan general; y que se hacían parte de las tareas fuera del campus, en un galpón en Banda Norte.

A partir de allí intervino la Fiscalía Federal, que finalmente decidió la imputación que alcanzó a Diego Moitre, quien se desempeñaba como ex decano de la Facultad de Ingeniería; Carlos Bortis, quien era vicedecano; y Esteban Carranza, que fue designado como responsable de la conducción de los protocolos por parte de la Fundación Universidad Nacional de Río Cuarto.

Según trascendió, a los tres se los acusó de posible fraude a la administración pública, especificado en el artículo 174 del Código Penal. Desde ese momento el juez Carlos Ochoa es quien debe resolver si procesa a los tres imputados, los sobresee o les dicta falta de mérito y continúa la investigación.

Pero consultado por PUNTAL, el abogado defensor de Carlos Bortis, José Abrile, aseguró ayer que todo se trata de una mala información de base en la que se apoyó el fiscal para decidir la imputación. “El fiscal solicitó información al actual Rectorado sobre la obligación o no de recibir el 20% de los fondos por parte de la Universidad y se le respondió que sí correspondía. En realidad eso es erróneo porque entre dos organismos nacionales como es la Universidad y la Conae ese procedimiento no debe concretarse. Por lo tanto el fiscal termina decidiendo la imputación suponiendo que ese 20% debía derivarse a la Universidad cuando no es así”, explicó.

Según trascendió, los tres imputados se habrían presentaron ya ante el juez con documentación y resoluciones de las anteriores autoridades de la casa de altos estudios donde se establecería que ese 20% no correspondía ser liquidado en esos convenios en particular.

“No sólo que el 20% no correspondía sino que además la Facultad de Ingeniería tuvo importantes beneficios a partir de estos convenios por el material que quedó disponible a partir de esos trabajos”, remarcó Abrile. Por eso el abogado se mostró confiado en que el juez determine el sobreseimiento de los imputados.