Por Martín Rodríguez Yebra

MADRID.- Nunca faltan flores frescas sobre la tumba de Francisco Franco. Mucho menos el día que se cumplían 40 años de su muerte, cuando discretas procesiones de familiares y simpatizantes se acercaron al mausoleo faraónico del Valle de los Caídos.

Fue un día incómodo para España. El gobierno y los grandes partidos pasaron de puntillas el aniversario del día en que se abrió al fin el camino hacia la libertad después de cuatro décadas de dictadura. No hubo actos ni manifestaciones, a no ser por las reuniones de falangistas nostálgicos que glorifican el franquismo.

El recuerdo del histórico 20-D expuso a España a las contradicciones de su democracia. Franco sigue enterrado en un monumento nacional sostenido por el Estado, su hija María del Carmen disfruta del título de duquesa que el rey Juan Carlos I le otorgó en 1975 y sobrevive una fundación dedicada a exaltar el legado del generalísimo.

Mientras, miles de víctimas del franquismo permanecen enterradas en fosas comunes sin que sus familiares consigan apoyo para exhumar los cuerpos. La Guerra Civil y el régimen posterior apenas se mencionan en los programas escolares y no existe un espacio público que conmemore estos hechos fundamentales en la historia del siglo XX.

¿Por qué a España le cuesta tanto lidiar con el pasado? Responde el historiador José Álvarez Junco: "La Transición no fue una operación completa. Se hizo lo que se pudo en ese momento, cuando los franquistas tenían su aparato de poder intacto. A mí me parece un éxito, porque se consiguió la democracia. Lo que ocurre es que había que seguir haciendo".

En la Transición se aprobó la ley de amnistía que impidió investigar crímenes de la dictadura y que hoy desafían agrupaciones cívicas con una querella en la Argentina, en el juzgado federal de María Servini de Cubría. El gobierno de Mariano Rajoy desestimó todos los pedidos de la jueza.

El paso de los años cristalizó el olvido, sin que se produjera una condena oficial a Franco. El socialista José Luis Rodríguez Zapatero, nieto de un fusilado republicano, quiso reinstaurar el debate de la memoria histórica con una ley que se proponía principalmente hallar a los muertos sin sepultura.

Hace cuatro años que esa norma no se ejecuta, denuncian activistas de derechos humanos. "A mi abuelo lo asesinaron y le quitaron todo lo que tenía. Ahora yo sigo pagando con mis impuestos la tumba de Franco", resume Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Se refiere al Valle de los Caídos, a 52 kilómetros de Madrid, coronado por la cruz más grande de la cristiandad (150 metros). Fue construido entre 1940 y 1959, con presos políticos como obreros. El régimen trasladó allí los restos de 33.000 personas, en su mayoría republicanos, sin consentimiento de sus deudos. Se pretendía presentar un espacio de "reconciliación", aunque sin renunciar a la simbología fascista.

Aún hoy persisten los escudos con el águila tallados en la piedra. Y recibe a los visitantes (que pagan nueve euros) la inscripción: "Francisco Franco, caudillo de España, patrono y fundador, inauguró este monumento el 1° de abril de 1959".

Las únicas tumbas identificadas son la de Franco y la de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, muerto también un 20 de noviembre. Yacen pegadas al altar de la basílica, al final del túnel de 262 metros excavado sobre la roca. Ayer se celebró ahí una misa en honor a ellos.

Un grupo de abogados encabezado por el ex juez Baltasar Garzón registró esta semana una petición al gobierno para que los restos de Franco y Primo de Rivera sean trasladados a donde lo dispongan sus familiares y que se convierta el Valle de los Caídos en un espacio de la memoria, sin distinción de bandos.

"Nadie podría imaginar que en Alemania persistiera un monumento estatal al nazismo. Lo que pedimos es resignificar ese lugar, como ocurre con Auschwitz o con la ex ESMA", reclama Garzón.

En igual sentido trabajan concejales de Podemos -la fuerza que gobierna Madrid- para renombrar cientos de calles que homenajean a franquistas y hallar otros usos para espacios de exaltación del régimen, como el Arco de la Victoria del barrio de Moncloa.

A todo eso se opone la Fundación Francisco Franco. "Es parte de la historia y hay que respetarlo", sostiene Jaime Alonso, su vicepresidente.

El aniversario pasó casi inadvertido incluso en el mundo editorial. Uno de los títulos que más atención despertaron es La Guerra Civil contada a los jóvenes, del novelista Arturo Pérez-Reverte. Un texto didáctico, sin posicionamiento político, con el que busca promover la enseñanza de ese período doloroso pero fundamental en la historia de España.

"Creemos que ocultando a los niños la realidad los protegemos, y lo que hacemos es dejarlos indefensos -se queja-. Ocultar las tragedias es todavía peor que contárselas mal."