El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ordenó el mes pasado el desmantelamiento de 300 campamentos ilegales de gitanos en una redada contra el crimen después de disturbios en dos ciudades, en uno de los cuales unos gitanos asaltaron una comisaría. La decisión causó preocupación en grupos de defensa de los derechos humanos y partidos de la oposición, que acusan a Sarkozy de estar estigmatizando a toda una comunidad.

“Si intercambiamos acusaciones o criminalizamos a título colectivo a grupos étnicos, estaremos resucitando algunos de los recuerdos menos agradables”, dijo el canciller de Rumania, Teodor Baconschi.

Ante la cataratas de críticas, el gobierno francés salió a aclarar que los gitanos abandonan el país “de forma voluntaria”, luego de que el gobierno entregara un incentivo de u$s 400 a cada adulto y u$s 150 por niño, mientras que la Unión Europea (UE) aseguró que está siguiendo “con detalle” la expulsión para asegurar que se cumpla la legislación comunitaria.