La iniciativa presentada por el radical Román Humberto Villanueva pretendía también que el gobierno justifique porqué todos los empleados de la administración pública cobran en cuentas de la entidad financiera que preside Jorge Brito, y porqué no se ha dado participación a otras financieras.

La comisión de Labor Parlamentaria decidió girar al archivo el pedido de Villanueva, "por cuanto lo referido está descrito en el convenio macro entre la provincia y el Banco Macro".

Villanueva, que hizo el pedido de informe a propósito de los festejos del 32 aniversario del Banco Macro, anunció que insistirá en el proyecto porque, a su juicio, la relación entre la entidad financiera y el gobierno tiene que ser conocida por toda la población salteña.

La actividad del banco Macro en Salta se inició en 1995 con la privatización del Banco Provincial de Salta, dispuesta por Juan Carlos Romero no bien comenzó su primer mandato como gobernador.

Durante el proceso de privatización que había iniciado Roberto Augusto Ulloa y que concluyó Romero, se dispuso que el ganador de la licitación sería el único agente financiero de la provincia durante diez años. Macro, el único oferente, pagó después cien mil dólares para quedarse con el BPS y desde entonces maneja todos los fondos oficiales de la provincia.