Los miembros de la Coopeplus se reunieron ayer con el intendente Luis Larrañaga y otros funcionarios municipales, pero no lograron zanjar diferencias y el convenio sigue sin suscribirse. Larrañaga dejó clara su posición, al participar de la reunión por espacio de unos pocos minutos.

De acuerdo al informe oficial, el municipio se niega a firmar porque la Coopeplus pretende la concesión por un plazo mínimo de cinco años y reclama una ayuda económica de 1.800 pesos mensuales hasta que comience a funcionar la cinta transportadora.

Carina Salvay, abogada de la Coopeplus, explicó que la reunión sólo permitió "avanzar en temas secundarios, pero no en cuestiones de fondo. "Recibimos un nuevo modelo de acta acuerdo, que reitera los puntos del acta de intención (firmada en diciembre), y con algunas cláusulas menos, o sea que resulta una propuesta inferior a aquélla. Nosotros entendemos que el convenio debe ser superador del acta acuerdo", comentó.

En realidad, las partes apenas lograron acordar un único punto sobre el incierto convenio, al modificarse una cláusula que identificaba con nombre y apellido a cada uno de los 63 trabajadores que podrían ingresar al predio. La razón fue que algunos recicladores, frente a la falta de respuestas del municipio, tuvieron que buscarse otro trabajo, por lo que aquella lista primaria contemplará cambios con el ingreso de suplentes. "El municipio decía que no podía ser así, pero finalmente accedió", explicó Salvay. Además de los trabajadores, Salvay y Larrañaga, estuvieron presentes el abogado Juan Carlos Chirino, director de Asuntos Jurídicos, y el secretario de Gobierno, José Sevilla.

Plazos.

Uno de los puntos importantes sobre los que hubo diferencias durante la reunión fue el plazo por el que se les concedería la explotación de la planta de reciclado del relleno sanitario. "Cualquier empresa o cooperativa necesita saber y tener una garantía de funcionamiento en el tiempo, para elaborar un proyecto económico sustentable", advirtió la abogada. En un principio, los clasificadores exigían un plazo mínimo de 10 años de vigencia, sin posibilidad de rescindir el contrato, pero encontraron una cerrada negativa de Larrañaga. "Argumentan que eso representaría una concesión y no quieren hacerlo", señaló Salvay.

La postura del municipio capitalino es firmar un convenio con la Coopeplus sin plazo determinado de permanencia en el relleno y por eso tampoco aceptó una nueva propuesta de la cooperativa para firmar por la mitad de ese lapso: cinco años. "Necesitamos una garantía mínima de que este proyecto continuará después de cualquier gobierno, porque Larrañaga nos ofreció un convenio hasta el último día de su gestión, el 15 de diciembre, pero nosotros no sabemos quién vendrá luego", añadió.

Subsidio.

Otra cuestión que generó una discusión sin salida fue el reclamo de un subsidio municipal hasta que la cinta transportadora comience a funcionar. La propuesta original de los trabajadores incluía un subsidio de 1.800 pesos para cada clasificador por un plazo de dos años, pero ante la negativa de las autoridades aceptaron reducir ese plazo a sólo dos meses, el tiempo que demoraría la reparación de la cinta transportadora. Sin embargo, esa idea también fue rechazada. "Es un salario mínimo, que no cubre ni la mitad de la canasta básica. Pretendíamos que nos garantizaran eso por al menos dos años, el plazo que calculamos podría llevar conseguir una productividad importante en la planta", comentó Salvay. "Cuando lo rechazaron bajamos ese plazo a dos meses, hasta que se ponga en marcha la cinta, pero nos volvieron a decir que es imposible". Los trabajadores afirmaron que con la cinta transportadora en marcha, la producción aumentaría 10 veces "provocando mayores ingresos".

Horarios.

Finalmente, tampoco hubo acuerdo sobre el horario de trabajo. "La Coopeplus necesita saber en qué horarios van a trabajar sus miembros, porque no podemos dejar al arbitrio del municipio la modificación de turnos", explicó la abogada. La propuesta evitaría eventuales inconvenientes entre los dos grupos que trabajan actualmente en la clasificación de basura en el relleno. En este sentido, los funcionarios municipales anunciaron que también se reunirán con los "recicladores independientes" para analizar esta situación de los horarios.

Para Salvay la situación de conflicto pone en evidencia el desprecio del intendente por el movimiento cooperativo. "Si hay voluntad, las diferencias pueden solucionarse con una decisión política", opinó.

Luego de la reunión, los cooperativistas realizaron una protesta frente a la comuna. Quemaron gomas e interrumpieron el tránsito sobre la avenida San Martín, donde se sumaron también los empleados de salud pública que marchaban hacia Casa de Gobierno, en una jornada que enfrentó el reclamo de los trabajadores con la indiferencia de los gobernantes.

“Huye, se esconde, miente y no da la cara”

La ruidosa protesta del jueves obligó a suspender la sesión del concejo deliberante. Los ediles hablaron con los recicladores, que reclamaban una reunión con Larrañaga. Desde el PJ informaron que el intendente permanecía en Buenos Aires y que ellos gestionarían un encuentro para el martes.

Pero la mentira tiene patas cortas. Ya había caído la noche, cuando uno de los trabajadores de la Coopeplus observó salir al intendente subrepticiamente por el estacionamiento comunal. Indignados, los recicladores corrieron para evitar que huyera. No tuvo más remedio que enfrentar la situación y les concedió una audiencia para ayer a primera hora.

“Lo descubrimos en una maniobra totalmente desleal. Intentó escapar rápidamente en su automóvil, pero tuvo que frenar al chocar con unos fierros y lo alcanzamos”, contó un reciclador, todavía asombrado ante la mentira urdida por las autoridades.

El incidente alarmó a los concejales del Frepam, que en un durísimo documento acusaron al intendente de “mentiroso y cobarde” y advirtieron que “el embuste descubierto por la sociedad no debe quedar impune”. En un comunicado aclararon que el intendente “falsea las cosas las cosas porque la Coopeplus no plantea un convenio de exclusividad” y consideraron que “si las acciones definen a las personas, a quien huye, se esconde, miente y no da la cara le cabe una única definición: cobarde”.

Tras ser engañados por sus pares del PJ al “suspender la sesión porque Larrañaga estaba de viaje”, los ediles del Frepam repudiaron “la cobardía del intendente” y consideraron que “el embuste a los medios de comunicación, la falsedad descubierta en quien ostenta la máxima investidura de la ciudad y la hipocresía de su discurso (“mi mayor preocupación son los niños”), no deben quedar impunes”.

Y concluyen que “su reciente definición de que el reciclado no es servicio público y su negativa a dialogar con estos trabajadores esconde una intención que todavía no se atreve a anunciar: la privatización del servicio de recolección de residuos”.

Una aclaración oficial

En una solicitada que se publica en esta edición (página 11), el municipio ofreció los argumentos por los cuales se niega a firmar el convenio para el reciclado de los residuos en el relleno sanitario. El gobierno comunal advirtió que “el 12 de enero, mediante la Resolución Nº 22/12 se firmó un Acta de Intención con los trabajadores del relleno sanitario”, entre cuyos puntos figuran “garantizar el trabajo de todos los trabajadores dedicados a la clasificación de residuos urbanos, entre los que se encuentran los integrantes de la Coopeplus y 21 trabajadores particulares”; “mejoramiento de las condiciones de trabajo (ropa adecuada y baños)”; “organización de la jornada laboral en horarios que contemplen el derecho de todos a realizar la clasificación de residuos urbanos”; “identificación personal de todos los trabajadores que ingresen al relleno, a los efectos de impedir el ingreso de menores o personas ajenas al ámbito de trabajo”; “arreglo de las maquinarias (cinta clasificadora y prensa neumática)”, y “cerramiento del perímetro del relleno sanitario”.

“La totalidad de los puntos comprometidos se ha cumplido, quedando pendientes solamente el arreglo de la cinta clasificadora y el cerramiento del relleno, tareas que se encuentran en marcha” agregó el municipio, que “rechaza de plano” otras dos demandas de la cooperativa: “una concesión del relleno sanitario por diez años” y que se les “asegure un ingreso mensual de 1.800 pesos”.