Neuquén > En la última sesión ordinaria del año y la primera del nuevo cuerpo legislativo, los concejales de la ciudad aprobaron ayer un proyecto de comunicación que insta al Ejecutivo municipal para que tenga un control exhaustivo sobre la cumplimiento de las normas vigentes respecto a la venta sobre la vía pública.

Así, no hubo acuerdo para tratar el proyecto que planteaba la suspensión de la entrega de licencias comerciales para que se instalen nuevas ferias en la ciudad, por lo que quedó nulo el intento por evitar que se radique en la capital neuquina una feria como La Salada.

Comunicación

Los legisladores comunales plantearon entonces una comunicación a través de la cual se manifiesta un posicionamiento político frente al tema. El argumento es que ya hay normativa vigente respecto a la regulación de este tipo de espacios de venta aunque les falta adecuarlo a las exigencias actuales. Además, pretenden trabajar durante el próximo año en un proyecto de ordenanza que regule el funcionamiento de todas las ferias que hay en la ciudad.

La votación fue por mayoría ya que los concejales del MPN, Luis Jalil y Osvaldo Llancafilo, consideraron que a cuatro días de asumir el nuevo intendente de la ciudad, Horacio Quiroga, los concejales no podían indicarle al intendente que debía hacer a través de un proyecto de comunicación. "Es innecesario e irreverente, no podemos decirle al intendente que tiene que hacer", dijo Jalil.

En tanto desde los otros bloques se planteó la necesidad de sentar postura sobre el tema, pero sin la intención de atacar a “la gente que vive de la economía social sino teniendo en cuenta la necesidad de que estos espacios se regularicen para funcionar correctamente”.

La propuesta

El proyecto fue modificado en el recinto ya que algunos concejales estuvieron en desacuerdo con algunos considerandos de la propuesta. Sin embargo, todos coincidieron luego en el articulado donde se plantea instar al Ejecutivo a elaborar políticas públicas que tengan como finalidad “el seguimiento y control exhaustivo en el cumplimiento de las normas vigentes respecto a la venta en la vía pública”.

Se busca garantizar el ejercicio de los derechos de los comerciantes y la sociedad, la planificación urbana "sin comprometer la seguridad y salubridad pública". También recomienda al Ejecutivo "reforzar los mecanismos de controlador en los puestos de ventas existentes en la vía pública a fin de verificar irregularidades".