La edil reconoció que "cada uno, cuando contrata una obra en el Cementerio, puede llevar al albañil o a la persona que quiera, pero esto tiene que estar sujeto a alguna reglamentación y debe haber una supervisión, porque se trabaja en un lugar que es de todos".

Tanto el FPV/PJ como el radicalismo coinciden en la creación de un registro de contratistas, que según indican, "estaría relacionado con una cuestión de practicidad; que la propia administración de la necrópolis sugiera quiénes pueden estar aptos para realizar este tipo de tareas, y también proponemos que se confeccione una planilla de supervisión, donde el administrador tenga injerencia para saber si los trabajos se están realizando conforme a la ordenanza vigente".

Según explicó Pereyra, "esta persona que lleva a cabo las presuntas estafas es la misma en todos los casos, y con idéntico modus operandi. Cobra dinero por tareas que luego no realiza, y en el caso de que no le quieran abonar por lo que no hizo, destroza las obras o bien profiere amenazas contra quienes lo contrataron".