La iniciativa pretende que el Estado tome acciones "inmediatas para controlar, encuadrar o sugerir contratos tipos, y también realizar campañas de educación y difusión, como emitir advertencias e incluso denunciar las prácticas por las que estas casas se aprovechan de la necesidad ajena".

El legislador denunció que hay financieras que operan "sobre la base de cláusulas abusivas que rondan la estafa, la usura y que en muchos casos conllevan la pérdida de bienes muebles e inmuebles, generan ejecuciones encubiertas, e incluso arrastran a dramas familiares".

"Quienes vivimos en el interior conocemos estas prácticas porque las vemos a diario, cuando estas cuasi financieras le prestan dinero a la gente desesperada por la necesidad en condiciones de usura. Esto deriva en muchos casos en deudas impagables y consecuentemente en crisis familiares, quebrantos de la salud física y mental o hasta casos de suicidios", aseguró Forte en un comunicado de prensa.

En el proyecto, el legislador solicita que se informe si existen estudios y/o datos cuantitativos y cualitativos sobre esta problemática que azota a los habitantes de las provincias. Asimismo, pide que se indique si el BCRA y el PEN tienen previsto realizar acciones para enfrentar esta problemática (en materia de educación a los ciudadanos y de control o represión de estas prácticas, si fuera posible). También pide que se informe "las iniciativas tendientes a incrementar la presencia geográfica en todo el país de bancos, financieras y cajas de crédito, que son directamente reguladas".

En La Pampa, el diputado Juan Carlos Scovenna es autor de una iniciativa similar por la que se dirige al Poder Ejecutivo, y también al Ministerio de la Producción, y a la Oficina de Defensa del Consumidor para que informen el listado de comercios o entidades de crédito autorizados a funcionar en nuestra provincia. También pide detalle de los controles que se realizan e información acerca de denuncias y reclamos de damnificados.

Por otro lado, Scovenna insistió en que es necesario que las financieras no controladas sean gravadas con un 15% en el pago del impuesto a los Ingresos Brutos.