Mientras el proceso licitatorio para la construcción de 1.300 viviendas en distintos puntos de la provincia por más de 212 millones de pesos continúa su marcha, surgen más elementos que fortalecen la hipótesis de una "cartelización" de la corporación constructora agremiada en la Cámara de la Construcción para repartirse las obras y eludir de este modo la competencia.

A los fuertes indicios ya expuestos por este diario, se suman ahora dos actas labradas ante escribano público que confirman la existencia de la lista con la distribución del negocio previa a la presentación de las ofertas.

Como se publicó, esta nómina coincide con las propuestas finalmente planteadas al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), a razón de una por grupo de viviendas proyectado. Esto quiere decir que no existe de hecho competencia alguna, porque hay solo una oferta por cada barrio.

Los sobres con las ofertas se abrieron en el IPV el 6 de marzo pasado. Cuatro días antes, Editorial Capayán dejó en depósito en una escribanía pública un sobre cerrado, cuyo contenido el escribano desconocía.

El sobre fue sellado en las junturas a los efectos de garantizar que la documentación que contenía no pudiera ser modificada. El acto consta en la escritura Nº 25, firmada el 2 de marzo de 2012.

El 23 de marzo, conocidas ya las ofertas presentadas por las empresas, se labró el acta de constatación, asentada en escritura Nº 42, en la que se da cuenta del acto de apertura del sobre depositado y su contenido: la lista con el reparto de las obras anterior a la apertura de las propuestas.

De tal modo, la circulación de una nómina previa a la licitación con la distribución del negocio queda fuera de toda duda, ya que el sobre cerrado fue depositado cuatro días antes de la presentación de las ofertas.

Las actas notariales no hacen más que confirmar la veracidad de lo publicado por El Ancasti en su edición del 12 de marzo.

A pesar de esta información, el IPV siguió adelante con la megalicitación. El procedimiento administrativo está en la etapa de preadjudicación y solo falta que el administrador del organismo, Dante López Rodríguez, firme la adjudicación de las obras para que las actuaciones sean elevadas al Tribunal de Cuentas.

Ni las autoridades del Gobierno ni la Cámara de la Construcción se refirieron en profundidad a las sospechas sobre un acuerdo que desvirtúa la competencia perseguida con una licitación pública a los efectos de que el Estado obtenga mejores precios y calidad. Sí hubo objeciones de la oposición, que no merecieron respuesta.

Sin embargo, el tema es objeto de comentarios en los círculos políticos e institucionales.

Para un reconocido intendente del Oeste perteneciente al FV, por caso, la eventual "cartelización" significa la continuidad de lo que denominó "el sistema Dusso", en referencia al ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso, que fue durante varios años presidente de la Cámara de la Construcción.

La megalicitación generó suspicacias desde su misma convocatoria. Los requisitos exigidos para presentarse y el escaso tiempo que los interesados tenían para reunirlos llevó a pensar en una competencia direccionada. En este marco, el secretario de la Vivienda, Octavio Gutiérrez, y el titular de la Cámara de la Construcción, Víctor Núñez, admitieron que hubo contactos previos al respecto.

Una vez que López Rodríguez adjudique las obras, todo el procedimiento pasará para el análisis del Tribunal de Cuentas, que tiene que evaluar su legalidad.