Núñez explicó se esta dilatando innecesariamente la iniciación de las acciones de inconstitucionalidad destinadas a derogar las leyes amañadas que avalaron las designaciones irregulares de los jueces Avalos, Franco y Toledo como integrantes del Superior Tribunal de Justicia, y que mediante el Foro se va a continuar en la necesidad institucional de que dichos magistrados sean destituidos porque sus nombramientos fueron efectuados violándose la Constitución.

El mismo expreso mediante un comunicado que para reestablecer la plena vigencia de la Carta Magna resulta indispensable que se inicien judicialmente las acciones legales contempladas en el art. 174 de la Constitución chaqueña, como mecanismo inicial para recuperar un poder judicial independiente, neutral y transparente.

“Mientras estos jueces continúen en sus cargos, seguirá la degradación institucional del servicio de justicia, que como fenómeno creciente conspira negativamente contra el necesario saneamiento de este poder estratégico para el funcionamiento del sistema democrático”, expresa el comunicado.

En esta oportunidad, como comunica Núñez, se agrega al pedido de destitución de los jueces,la inminente derogación de la LEY ANTI AMPARO (Ley 5451) con el propósito de reestablecer la vigencia de la Ley 4297, y con ello la recuperación del amparo que fuera aniquilado a través del voto del rozismo.

“En ese marco, es posible que recrudezcan las persecuciones y las presiones, externas e internas, de modo tal que el escenario judicial nuevamente podrá tensionarse, quedando en evidencia la pérdida de independencia de la justicia. ¿Comenzarán nuevamente los juicios y las denuncias contra los jueces a los que peyorativamente se califica como garantistas? ¿Se abrirán sumarios para presionar?”, arremete el mismo.

Claro que todo esto pondrá nuevamente en el centro del debate la profunda crisis del tramposo sistema de selección y de destitución de magistrados y funcionarios que se encuentra en vigencia, lo que nos permite entender que la clave de las grandes soluciones pasa por la elaboración de una ley que regule integralmente la carrera judicial, que es una deuda pendiente del sistema institucional y democrático de los chaqueños.