El autor de “Argentina Originaria” fue consultado por el reclamo territorial, ya instalado en la instancia judicial. Al respecto, el periodista detalló que “llega a la corte suprema como una máxima instancia judicial por no encontrar respuestas donde debiera, que es el poder político. La respuesta inicial debiera haber estado en el gobierno provincial, que obviamente no estuvo y cerró filas contra la comunidad. En segunda instancia, llegó al gobierno nacional a través de cuatro meses de acampe en la ruta 86, posterior represión y asesinato del Qom Roberto López; después acampe en Buenos Aires, en 9 de Julio y Avenida de Mayo, y recién ahí el gobierno nacional abrió una mesa de diálogo, que en el tema territorio ha dado nula respuesta, pero sí ha dado una respuesta en cuanto a confirmar la legitimidad de Felix Díaz como líder de la comunidad, en la mesa de diálogo donde participan provincia, nación y organismos de derechos humanos”.

Sobre la problemática territorial, Aranda señaló que “no ha tenido respuestas y así es que llega, mediante una medida cautelar, a la corte suprema. La corte suprema fue a la audiencia antes de ayer y tuvo la particularidad de que el gobierno nacional, sutilmente, le soltó la mano a Formosa; dijo que lo que estaba sucediendo era una responsabilidad provincial y que la provincia debía adecuarse a la ley nacional. En ese sentido, dejó en evidencia que Formosa junto con Neuquén son las únicas dos provincias del país que no han comenzado a aplicar la ley 26.160 (de relevamiento territorial y suspensión de desalojos)”.

“Por otro lado, quedó muy en evidencia que el gobierno de la provincia no tiene respuestas ni voluntad política para solucionar el conflicto”, afirmó el periodista, quien agregó que el reclamo “no se acota solamente a las seiscientas hectáreas que están en disputa, sino también a una falta de asistencia y de política activa y de discriminación de la provincia de Formosa hacia la comunidad La Primavera”.

Para finalizar, Darío Aranda volvió a repudiar las políticas represivas del gobierno provincial y el silencio del gobierno nacional “al no condenar las represiones en los gobiernos provinciales que son aliados”.