Sapag aseguró que del paquete accionario que se reservó para las provincias -25% del total- Neuquén tendrá el 10,45%, en tanto que Santa Cruz tendrá 5,22%; Mendoza el 4,6%; Chubut, 2,1%; Río Negro, 0,8%; y el combo Formosa, La Pampa, Salta y Tierra de Fuego, en torno al 1,9%.

Dicha distribución, que se mantenía en secreto tanto por el Gobierno nacional como por el resto de las provincias, fue -según Sapag- establecida en un anexo del “acuerdo federal” que firmaron los gobernadores petroleros con la Nación hace dos semanas en Ensenada (provincia de Buenos Aires), cuando Cristina Fernández hizo anuncios energéticos.

“Somos la provincia con más acciones y venimos inmediatamente después del Estado nacional”, se ufanó Sapag ante la sorpresa de varios empresarios. Es más, el mandatario neuquino afirmó que ya envió dicho acuerdo federal -suscripto con sus pares y Julio De Vido- a la Legislatura de su provincia para dar el primer paso tendiente a la cesión de las acciones a las provincias, ya que hace falta que, primero, cada Estado provincial acepte formalmente el pacto y que, después, todos los distritos y la Nación rubriquen el acuerdo de sindicación de acciones -por 50 años- que estableció la ley de expropiación.

Paquete accionario

Desde que se aprobó la ley 26.741, la Nación tiene el 51% de las acciones pero quedó pendiente que ceda a las provincias un 49% de las mismas, es decir casi un 25% del total. Según reza el anexo del acuerdo federal que ayer circuló luego de dos semanas de suscripto, de este 49% las provincias tendrían la siguiente participación: Neuquén, 41,7%; Santa Cruz, 20,9%; Mendoza, 20,6%; Chubut, 8,4%; Río Negro, 3,2%; Tierra del Fuego, 2,5%; Salta, 2%; La Pampa, 0,5% y Formosa 0,2%. Estos números se traducirían en los porcentajes indicados al inicio de este artículo.

A diferencia de lo que explicó Sapag, quien dijo que el asunto de la participación de las provincias está casi finiquitado, para algunas fuentes de otras provincias en cuestión todo está en plena discusión.

La ley de reestatización de YPF sólo fijó como patrones que se consideren la producción de hidrocarburos de cada distrito y las reservas constatadas.

Otro dato que quedó flotando después de la exposición de Sapag en el Consejo de las Américas: las provincias no pondrán un peso para hacerse de las acciones que les correspondan, pero pagarán de todas formas indirectamente ya que deberán extender las concesiones de las áreas en poder de YPF o concederles las que fueron revertidas a otras empresas.